Acusan al condenado por espiar a más de 400 mujeres de ocultar su patrimonio para no pagar a las víctimas

El caso del baño de los horrores en Palma vuelve a sacudir con fuerza la opinión pública y abre un nuevo capítulo de indignación social y judicial. El hombre condenado a cuatro años de prisión por grabar con cámara oculta a más de 400 mujeres en el baño de un bar de la calle Vinyassa no solo sigue en el centro de la polémica por la supuesta levedad de la pena, sino ahora también por unas presuntas maniobras posteriores que podrían apuntar a un intento de ocultación de patrimonio y fraude a las víctimas.

La sensación general entre las afectadas y sus representantes legales es de profundo malestar. Para muchos, el caso no solo no se ha cerrado, sino que se ha agravado fuera de la sala judicial, con movimientos que alimentan la sospecha de que el condenado estaría tratando de evitar el pago de las indemnizaciones a las víctimas del espionaje sexual en Palma.

El abogado Bernat Mestre, letrado de una de las víctimas del caso del baño de los horrores, ha sido especialmente contundente en sus declaraciones. Según afirma, el condenado «actúa de mala fe» y no ha mostrado una voluntad real de reparar el daño causado a las afectadas.

Además, critica con dureza la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, al considerar que no refleja la gravedad de unos hechos que, en su opinión, deberían haberse traducido en una pena muy superior, recordando que la Fiscalía llegó a solicitar más de 60 años de prisión en su escrito de acusación.

Pero el punto más polémico llega al analizar los movimientos económicos posteriores a la detención. Según la acusación, el condenado habría vendido su participación en el bar donde ocurrieron los hechos —el escenario del caso del voyeurismo en Palma— a un familiar por una cantidad simbólica de apenas 500 euros, una operación que ha sido calificada de «ridícula» y que podría encajar en un posible delito de alzamiento de bienes destinado a dificultar el cobro de indemnizaciones por parte de las víctimas.

A este movimiento se suma otra operación igualmente sospechosa, siempre según la versión de la acusación: el hombre habría heredado una propiedad que posteriormente habría sido donada a su entorno familiar, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia para aparentar insolvencia y eludir responsabilidades económicas derivadas del caso del baño de los horrores en Palma.

El escándalo no termina ahí. También se han puesto bajo la lupa varios pagos extrajudiciales de alrededor de 1.000 euros realizados a algunas víctimas. Para los abogados de la acusación, estas cantidades no representan una reparación real del daño, sino una posible estrategia para reducir la presión judicial, evitar denuncias adicionales o intentar minimizar el alcance del proceso penal por vulneración de la intimidad y espionaje sexual.

Mientras tanto, las víctimas no se resignan. Sus representantes legales ya estudian la interposición de un recurso de casación con el objetivo de revisar la sentencia y solicitar un endurecimiento de la condena, en un intento de que la justicia refleje de forma más proporcional la magnitud del daño sufrido en uno de los casos más mediáticos de voyeurismo en Palma.

El caso del baño de los horrores se ha convertido así en un símbolo de controversia judicial, indignación social y debate público sobre la respuesta de los tribunales ante delitos de espionaje sexual, grabaciones no consentidas y violación de la intimidad. Y lejos de apagarse, la polémica sigue creciendo con nuevas acusaciones, sospechas patrimoniales y una sensación persistente entre las víctimas: que la batalla por la justicia aún no ha terminado y que el impacto del caso va mucho más allá de la sentencia inicial.