6.550 firmas contra el desahucio de 29 familias instado por el conseller de Vivienda del Govern balear

Una representación de las 29 familias del municipio de Sant Josep (Ibiza) que van a ser desahuciadas de sus viviendas por orden del alcalde socialista de esta localidad, Ángel Luis Guerrero, hicieron entrega, en la mañana de hoy en la Conselleria de Presidencia, de 6.550 firmas exigiendo una solución a su desesperada situación.

La orden de desalojo, concedida ya por el juzgado al Consistorio de este municipio está fechada para el 17 de diciembre, y se basa, en el supuesto mal estado de las viviendas de los conocidos como apartamentos don Pepe.

Un extremo que los vecinos niegan, acusando al Ayuntamiento de Sant Josep que no haber querido buscar una solución, y al Govern balear liderado por la socialista, Francina Armengol, de no haber intercedido para lograrlo.

Se da la circunstancia de que el máximo responsable de Vivienda del Ejecutivo balear, Josep Mari Ribas, fue el alcalde de este municipio hasta que el mes de febrero de este año se incorporó al Govern de Armengol.

Fue Ribas, por tanto, el  que inició los trámites para un desalojo que se producirá, si no hay una solución exprés, una semana antes del inicio de las fiestas navideñas. Todo un mazazo para unas familias que vieron como el actual conseller de Vivienda del Ejecutivo balear, en junio de 2020 siendo aún alcalde de Sant Josep, ordenó el desalojo de unas viviendas construidas en 1965 al considerar que su estado era peligroso para los inquilinos y propietarios.

El Consistorio procedió a desocupar varias escaleras del edificio, al apuntalamiento de diversas partes del inmueble y a la declaración del estado de ruina de las mismas.

Una decisión que los titulares rechazan, acusando al Ayuntamiento de actuar de forma unilateral, «aplicando el poder del fuerte contra el débil» y clamando contra la forma de proceder de una administración «que en vez de velar por sus ciudadanos los lleva a la ruina», apuntan en el manifiesto difundido por los afectados.

En el mismo, acusan a los responsables políticos del gobierno municipal socialista de esta localidad de Ibiza, y al hoy conseller Ribas, «de hostigar, amedrentar, perseguir y asustar a los vecinos con continuas notificaciones, muchas de ellas erróneas llegando a remitirlas hasta en dios ocasiones a una persona ya fallecida».

En el comunicado lamentan que el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero que sustituyó a Ribas al frente del Consistorio, haya negado la posibilidad de empadronarse en sus viviendas a los vecinos que lo requerían, «y de romper unilateralmente cualquier diálogo con los representantes de los residentes, prefiriendo comunicarse vía declaraciones en prensa, todas inexactas falsas y demagógicas».

Luis Guerrero, mientras el hoy conseller Ribas era alcalde de la localidad, era el máximo responsable del área de Urbanismo.