Vox amplía la querella contra GIAHSA por la malversación del PSOE de Huelva destapada por OKDIARIO

Vox ha presentado este lunes ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Huelva una ampliación de la querella contra Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. (GIAHSA) por malversación, financiación ilegal y falsedad documental, escándalo destapado por OKDIARIO y que salpica al PSOE de Huelva.

Después de presentar una querella el pasado 13 de junio, en esta ocasión el partido ha aportado el informe de destino de los beneficios presupuestados para la empresa, cuya rentabilidad está cifrada en 29,58 millones de euros. Los ingresos esperados para 2022 alcanzan los 82,6 millones.

Tras un riguroso examen de las cuentas, Vox advierte en su escrito de que dentro de los denominados costes operativos se han incluido algunos que no lo son, como es el caso de las indemnizaciones y la gestión de cobros. «Son de especial relevancia para tratarlos aparte», señala la formación en su escrito.

Vox insiste en la necesidad de que el juzgado acepte la solicitud de diligencia esencial de remitir toda la documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para su comprobación y oportuna investigación.

Además de GIAHSA como persona jurídica, la formación de Santiago Abascal dirigió su querella contra el administrador de la Agrupación Provincial del PSOE de Huelva y del grupo socialista de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), Santiago Moreno Romero; la presidente de GIAHSA y del Pleno de la MAS, Laura Pichardo Romero; el presidente de la comisión de auditoría de GIAHSA, Carlos García de Juana; y los miembros de la Comisión de Auditoría de GIAHSA, Manuel Jesús Domínguez Limón, Juan Ignacio Tomico Santos y Fernando Fernández Fonseca.

GIAHSA cuenta con 500 operarios, 22 altos cargos y directivos y 15 miembros en el Consejo de Administración, con sueldos públicos que alcanzan los 77.000 euros anuales. «No sólo es una maquinaria engrasada para la malversación de fondos públicos, sino que sirve de colocódromo de elefantes de todos los partidos del consenso ‘progre’ desde hace una década», denunció entonces el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith.

Por su parte, la vicesecretaria Nacional Jurídica, Marta Castro, advertía de que la gestión de la empresa se había «apartado de los criterios de eficacia y eficiencia que debe presidir el uso de recursos públicos», traspasando «la línea» e incurriendo en uno de los «delitos más graves en la gestión del erario público, la malversación».