El PSOE andaluz «respeta» la petición de indulto a Griñán e insiste en la «honorabilidad» del condenado

En el PSOE de Andalucía (PSOE-A) mantienen su postura victimista ante la sentencia de los ERE, que ha condenado a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ante la pena de prisión del segundo, su familia presentará una petición de indulto, a la que se han referido los socialistas andaluces este jueves, asegurando a través de un comunicado que «respetan» la «decisión de la familia de José Antonio Griñán de solicitar el indulto parcial» por entender que la difusión de esta iniciativa es «una decisión personal» para reivindicar que se aplique «el ejercicio de un derecho a una medida de gracia» que se contempla en el ordenamiento jurídico. Además, se han remitido al pronunciamiento que hizo su secretario general, Juan Espadas, el día que se adelantó el fallo de la sentencia; cuando el ex alcalde de Sevilla defendió plenamente la «honorabilidad» tanto de Chaves como de Griñán.

«A falta de conocer el texto final de la sentencia, sabemos que el fallo muestra una sala dividida con un voto particular de dos magistradas», lo que «demuestra la controversia jurídica que tiene este asunto», argumentó Espadas, quien agregó que, «por la trascendencia del caso, entendemos que el fallo debería haber sido por unanimidad».

El líder socialista remarcó que, «en todo el proceso» judicial en torno a este asunto «ha quedado demostrado que, en ningún caso, el PSOE se ha financiado de forma ilegal», y la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla recurrida y sobre la que se ha pronunciado el Supremo «en ningún caso afirmó que los presidentes Chaves o Griñán, o los consejeros procesados se hayan llevado dinero» público.

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La petición de indulto parcial para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que rubrican su mujer, María Teresa Caravaca, y su hijo, Manuel Griñán Caravaca, con el argumento de su «intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia», así como que a lo largo de 40 años dedicados al servicio público «jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario», tal y como ha adelantado El Confidencial.

El pasado 26 de julio, el Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El primero fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, mientras que el segundo fue sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, lo que le sitúa ahora a un paso del ingreso en prisión.

El documento, que será presentado ante el Ministerio de Justicia y que busca evitar la entrada en prisión del que también fuera presidente del PSOE, contará con la firma de apoyo de, entre otros, dos expresidentes del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Asimismo, señala este periódico digital que será presentado tras la publicación de la sentencia del Supremo, de la que hasta ahora sólo se ha adelantado el fallo.

El pasado 8 de agosto, González indicó en un comunicado que había recibido con «perplejidad y dolor» el fallo del Supremo y defendía su «intachable integridad moral», por lo que aseguraba que si tuviera oportunidad de nombrarle miembro de un Gobierno que él presidiera, lo volvería a hacer.

En el documento, de 11 páginas, la familia de Griñán califica de «desafortunada ironía» su condena a prisión por malversación, toda vez que «durante toda su vida ha hecho precisamente de la honestidad profesional y económica su principal valor».

Tras repasar su biografía política, y atacando al delito de malversación, apuntan que es un «hecho cierto y conocido» que el patrimonio del político andaluz es «limpio y ajustado al propio del servidor público».

De hecho, hacen relación de sus cuentas y propiedades, señalando que han sido publicadas tanto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en el de las Cortes Generales, y apostillan que es «público y notorio» que tras haber ocupado las más altas magistraturas del estado, «su patrimonio acredita por sí mismo la limpia ejecutoria de un servidor público ejemplar».