Podemos exige en Cádiz la regularización inmediata de todos los inmigrantes ilegales en plena avalancha de pateras

Podemos ha reivindicado en Cádiz la regularización inmediata de todos los inmigrantes ilegales. Una llamada a las mafias, que desde la formación morada hacen recordando que «han perdido la vida más de 70 personas». «Nos sumamos a la concentración en solidaridad con las víctimas de las fronteras y en repulsa de las políticas migratorias», una manifestación organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Tras un mes en el que han perdido la vida más de 70 personas, ayer nos sumamos a la concentración en solidaridad con las víctimas de las fronteras y en repulsa a las políticas migratorias organizada por la @APDHACadiz Por el respeto a los #DDHH en las fronteras. #RegularizaciónYa pic.twitter.com/1WhA9eDUoW

— Podemos Cádiz (@PodemosCadiz) September 3, 2020

Adelante Andalucía (convergencia entre Podemos, IU, Anticapitalistas…) lleva tiempo exigiendo la regularización de todos los inmigrantes ilegales. Lo hace, además, en un momento en el que la llegada de pateras a las costas andaluzas está dejando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin efectivos para atender el inmenso volumen de inmigrantes que alcanzan las costas andaluzas. La Guardia Civil, de hecho, habla directamente de avalancha.

En estas, Maribel Mora Grande, diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz, también reivindicó la regularización de todos los inmigrantes ilegales.

Plataforma Regularización Ya

La Plataforma territorial andaluza #RegularizacionYa ya ha convocado distintas manifestaciones en diferentes comunidades de Andalucía para exigir la regularización «urgente, permanente y sin condiciones» de todos los inmigrantes ilegales y de los refugiadas ante la nueva crisis social que ha desencadenado la pandemia de la Covid-19 en el Estado español para que, de este modo, puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). En este sentido, han contado con el apoyo de la izquierda andaluza.

La plataforma apunta que la Unión Europea desde el año 2008 manifestó su «disconformidad» frente a las regularizaciones masivas, «derivando dichas restricciones en una insostenible y desmedida bolsa de personas en situación irregular y, en consecuencia, obligando a este colectivo a trabajar bajo la economía sumergida». «En Andalucía, miles de personas y familias migrantes se encuentran en situación de irregularidad, invisibles para el Estado y carentes de los más esenciales derechos sociales, enfrentándose así a la explotación laboral, a la precariedad habitacional y, en fin, a la imposibilidad de una vida digna y plena», añade.

No obstante, precisan que a pesar de la postura «restrictiva» en cuanto a temas de extranjería de la Unión Europea durante estos últimos diez años, la postura de algunos países «ha variado debido a la situación extraordinaria que ha vivido Europa a causa de la Covid-19. Tanto es así, que «estados miembros, como Portugal e Italia, han iniciado regularizaciones masivas».

Añaden que en el Estado español «se han dado prácticas cortoplacistas e instrumentalistas y sin garantizar condiciones mínimas de seguridad y prevención en el trabajo, como es el caso del Real Decreto- Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas sin papeles». «Se trata de políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad», lamentan.

Desde la plataforma indican que cada país de la Unión Europea es soberano en cuanto a reglamentos de Extranjería, por lo que «pedimos al Gobierno que deje a un lado las evasivas respaldadas en el control europeo, que no dé cabida al discurso del miedo de la extrema derecha y que tome por fin decisiones valientes, materializando uno de sus lemas más utilizados durante esta crisis sanitaria, social, económica y de cuidados, de no dejar a nadie atrás».

«De no comenzar un proceso de regularización, la brecha de la desigualdad aumentará brutalmente, dejando a más de 600.000 personas en este país atrás, sin poder acceder al Ingreso Mínimo Vital u otras prestaciones, con procedimientos, como el empadronamiento, totalmente trabados en ayuntamientos desbordados, muchas –en especial en el campo andaluz, como se encargó de apuntar hace unos meses el relator de la ONU– en una situación de chabolismo y semiesclavitud intolerable», manifiestan..