Las otras secuelas de la Ley Montero: prostitutas «más vulnerables» y proxenetas con «más poder»

La ley del sólo sí es sí impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero no sólo ha traído consigo más de 1.200 rebajas de pena a delincuentes sexuales y 121 excarcelaciones, sino que ha perjudicado a otro colectivo al que también pretendía ayudar: las personas que ejercen la prostitución. Con la nueva regulación están más indefensas, han perdido gran parte de su autonomía y la gestión de su trabajo ha quedado en manos de terceras personas.

La asociación In Género ha denunciado en la sede granadina del Instituto Andaluz de la Mujer, durante una rueda de prensa para presentar los datos de su último informe, que las personas que ejercen la prostitución se han visto empujadas a la «invisibilidad» y la «clandestinidad» por las nuevas políticas sociales. Ahora, los intermediarios tienen más «poder» y las trabajadoras son más «vulnerables». OKDIARIO Andalucía ha hablado con el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, que advierte de que el sólo sí es sí «ha empeorado la situación de las mujeres» del sector.

La ley incluye un artículo que prohíbe los anuncios de prostitución en páginas web, una publicidad que el Ministerio de Consumo ha venido persiguiendo duramente con expedientes sancionadores a varios portales, que se enfrentan al cierre permanente y a multas de más de 100.000 euros.

El coordinador nacional de In Género explica que antes del cambio legislativo las personas que ejercen la prostitución «gestionaban sus propios anuncios y no estaban a merced de nadie», pero se han visto abocadas al «contacto indirecto» con los clientes. «Pierden autonomía» y quedan en un «situación de vulnerabilidad», porque la ley del sólo sí es sí «ha acabado actuando contra la mujer y no contra el cliente. Pretendían mejorar la situación de las mujeres y al final la han empeorado».

In Género trabaja desde 2005 por la defensa de los derechos humanos de mujeres en contextos de prostitución y de trata, desarrollando programas de integración y asesoramiento social, sanitario, jurídico, laboral y psicológico. «Ahora las ONGs tienen mucho más difícil acceder a estas personas, es mucho más difícil trabajar. Todos los programas de salud, de servicios sociales, de promoción de la autonomía y de los derechos desaparecen cuando no puedes acceder» a las trabajadoras sexuales, advierten.

«Con la ley del sólo sí es sí se prohíben los anuncios de prostitución. Durante los primeros meses no pasa nada, pero luego el Ministerio de Consumo comienza a dirigirse a estas páginas de contactos. Antes, la mayoría de mujeres se anunciaban en ellas de forma autónoma, es decir, ellas mismas gestionaban sus propios anuncios, pero desde el momento en que se prohíben empiezan a circular por grupos mucho más ocultos, empieza a diversificarse todo y a pasar por otros servidores, haciendo mucho más difícil la detección de estas páginas. Los dueños de los pisos empiezan a gestionar los anuncios de las mujeres a través de redes sociales, WhatsApp y Telegram, y esto provoca una situación de gran vulnerabilidad hacia las mujeres, porque ellas ya no están gestionando directamente los servicios con los clientes, sino que pasan a manos de terceros, que manejan una base de datos de clientes y ofertan a las mujeres directamente a través de esos canales. Las mujeres han perdido autonomía para ejercer la prostitución directamente en los pisos. Ésta es la complicación que nos ha traído la ley del sólo sí es sí», argumenta el coordinador nacional de In Género.

El contacto indirecto «es peligroso»

El pasado mes de julio, el Ministerio de Consumo envió advertencias de sanción a las páginas webs que publicitaban prostitución o contenidos relacionados directamente con ella, como servicios de escort, «acompañante» o «masajista». La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobada en septiembre de 2022, considera «ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes». También aquella que presente a las mujeres «de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar».

El ministerio entonces liderado por Alberto Garzón requirió a estos portales webs que retirasen el contenido publicitario «de forma inminente». Ya en octubre, tras la advertencia, incoó los citados expedientes de sanción a las páginas web que todavía mantenían sus anuncios.

«Están surgiendo canales creados para buscar servidores alternativos en terceros países como China o Alemania y saltarse la norma -relata Del Olmo-. Pero, en general, las mujeres están muy enfadadas. Es muy difícil el contacto directo y el indirecto es el peligroso, el que puede poner a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Cuando hay un tercero siempre es un problema. ¿Qué quieren?, se preguntan. ¿Que estemos en un club a disposición de los dueños y de los propietarios de los locales en lugar de en un sitio donde no estábamos a merced de nadie y gestionábamos nuestros propios anuncios? Han perdido esa autonomía».

Y ahora, ¿hacia dónde se encamina la situación? Responde Del Olmo: «Parece ser que la política va hacia la abolición de la prostitución. Y no estaría mal si no fuera un sistema punitivo, pero que tú prohibas una cosa no significa que vaya a desaparecer. Todo lo contrario. Además, todas las políticas abolicionistas de la prostitución van encaminadas a poner el punto de mira en los puteros, en los clientes. ¿El problema? Que sabemos que al final la Policía y las leyes actúan contra las mujeres. Y con la ley del sólo sí es sí ha sido así».

«Pretendían mejorar la situación de las mujeres y al final la han empeorado. Por eso insistimos en que cuando se legisle se tenga en cuenta a los expertos y a las personas que estamos en el terreno, conociendo la realidad del día a día, y se promueva la participación de las propias mujeres y de las entidades que las representan. Al final, prohibir las cosas trae muchos más problemas. ¿La solución? Esto es un tema de educación estructural, desde la base hasta la adolescencia, para evitar todo lo que está pasando con las violaciones múltiples o la pornografía. Si tuviéramos educación sexual y afectiva en los colegios y los institutos nos iría muchísimo mejor, porque podríamos manejar relaciones más igualitarias, que no se basaran en la compra o venta de servicios sexuales. Es una cuestión de la propia sociedad. Una cosa estructural, no política», reflexiona Del Olmo.

No obstante, la ley del sólo sí es sí, apuntan desde la asociación, sí ha aportado «una cosa muy interesante»: «Nos ha permitido denunciar muchas agresiones sexuales. Muchas veces se negocian con el cliente determinadas prácticas y durante el servicio el cliente abusa y agrede sexualmente a las mujeres. Antes no teníamos solvencia ni capacidad jurídica para denunciar. Por ejemplo, una práctica es quitarse el condón durante el servicio, y ahora la legislación cubre que la mujer pueda denunciarlo como agresión sexual».

La prostitución en Andalucía, en datos

El equipo de profesionales de In Género en Andalucía ha elaborado un informe de datos y experiencias obtenidos en la intervención directa en los lugares de prostitución de las provincias de Granada, Jaén y Córdoba.

Durante el año 2023, en Andalucía se atendieron a 1.310 personas que ejercían la prostitución o eran posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual (1.133 mujeres, 52 hombres, 124 mujeres transexuales y un hombre trans).

En las provincias de Granada, Jaén y Córdoba se ha intervenido directamente en 155 lugares donde se ejercía la prostitución, de los que 35 eran clubes de alterne y 116 eran lugares privados. También se detectaron cuatro casas típicas de prostitución y un punto en la calle.

Tras estas acciones se han recogido 1.157 demandas de tipo social, sanitaria y jurídica con personas que ejercen la prostitución. En las referidas tres provincias, según los datos facilitados por In Género, la edad media de las personas atendidas es de 33 años. El 86,9% son inmigrantes y las nacionalidades más representativas son Colombia, Paraguay, República Dominicana, Rumanía, Brasil, Venezuela, Cuba, España y Ecuador.

Un 72,5% se encontraban empadronadas. El 33,5% están en situación administrativa regular y un 24,8% residen en España de manera irregular. El 9,6% contaba con visado turístico todavía en vigor y un 20,9% se encontraba en trámite de regularizar sus papeles. Tan sólo un 12,6% tiene nacionalidad española. Además, un 15,1% tiene que cuidar de entre seis y siete familiares.

El 15,9% ejerce la prostitución desde hace más de 10 años, el 12,2% desde hace 3-5 años, el 21,3% desde hace 1-3 años y el 15,4% desde hace menos de un año. In Género atendió en Andalucía durante el año pasado a diez personas víctimas de trata. Ocho de ellas interpusieron denuncia.