Imputan a 22 ex altos cargos más de la Junta socialista de Andalucía por malversar 1,2 millones

Veintidós ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía han sido citados como investigados (lo que siempre hemos conocido como imputados) para el próximo mes de septiembre en relación a un aval «irregular» de 1,18 millones de euros que fue concedido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el principal brazo a través del que elPSOE andaluz (PSOE-A) orquestaba sus corruptelas. Un dinero público que se le otorgó, con «notables irregularidades», a la Cooperativa Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex). Entre los altos cargos imputados, ya sea por participar activamente en la concesión de la subvención o por mirar a otro lado, figuran ex consejeros, como Francisco Vallejo o Martín Soler, ex viceconsejeros, como Jesús María Rodríguez Román, o ex secretarios generales de consejerías, como Juan Francisco Sánchez García.

José Ignacio Vilaplana, juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, emitió este auto el pasado 9 de junio. Se trata de una causa que llegó a archivarse en 2019, cuando la juez María Núñez Bolaños instruía el caso. Sin embargo, fue reabierto en 2020 tras admitir la Sección Primera de la Audiencia un recurso de la Fiscalía contra dicha decisión. Un recurso al que se adhirió el PP.

Prevaricación y malversación

Todo gira en torno a posibles delitos de prevaricación y malversación, por «la indebida concesión de ayudas públicas, en particular de avales que la Agencia IFA/IDEA habría ido concediendo a determinadas empresas en el ejercicio de sus propias competencias, a amparo de la genérica regulación contenida en la Ley 3/1987 de creación del Instituto de Fomento de Andalucía», mediante «avales propios» o «avales excepcionales».

Se trata, según precisa, de «ayudas y avales que habrían sido concedidas por la Agencia IDEA a las empresas que ya fueron beneficiarias también de ayudas sociolaborales investigadas» en la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias financiadas con cargo a los presupuestos autonómicos.

En cualquier caso, media, según el juez Vilaplana, «la indebida concesión de ayudas de salvamento y reestructuración a empresas, sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello», así como «la irregular concurrencia de aquéllas ayudas con otras sociolaborales o ayudas a empresa concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía y abonadas por la propia Agencia IDEA».

Notables irregularidades

El juez Vilaplana concreta así que «se habrían podido producir notables irregularidades en la concesión, ejecución, y desarrollo de estas ayudas concedidas, en forma de avales» a 20 empresas, entre ellas Cofrutex; figurando como investigados en esta causa el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Martín Soler; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex secretario general de la consejería Juan Francisco Sánchez García; o el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, entre otros.

A partir de ahí, el juez señala el aval «irregularmente concedido» por IDEA a Cofrútex por 1,18 millones de euros, detallando que en 2008, Jacinto Cañete «efectuó propuesta al consejo rector de la agencia IDEA en favor de la concesión» del aval, y tal órgano lo aprobó en una sesión celebrada el 24 de noviembre de 2008, con la asistencia y autorización del entonces consejero de Innovación, del presidente del consejo rector, de Jesús María Rodríguez Román como vicepresidente y como vocales Isabel de Haro, Ángel Garijo, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz, además del propio Jacinto Cañete y de José Antonio Ávila Quintana en calidad de jefe de los servicios jurídicos de la Agencia IDEA.

Sin ninguna «disciplina administrativa»

El aval, según el juez instructor, «se habría concedido por la agencia IDEA al margen de la disciplina administrativa y financiera aplicable; en particular, sin que se dedujera previa solicitud de la misma por parte de la empresa beneficiaria», mientras «no se habría elaborado informe o análisis alguno por parte de IDEA sobre el plan de negocio o resto de documental pertinente, como plan de viabilidad y/o declaración de impuesto de sociedades de la entidad beneficiaria; no constando certificaciones de estar al corriente de obligaciones tributarias ni con la Seguridad Social ni consulta realizada por IDEA a la AEAT», destaca el juez Vilaplana.

«Siendo así que, además, la motivación del acto o resolución de concesión del aval sería de todo punto inadecuada e insuficiente, tal y como destaca el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)», agrega el juez.

En abril de 2014, según el juez instructor, el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla declaró a Cofrutex en concurso de acreedores y ya en 2016 declaró su extinción, «sin que con anterioridad IDEA se personara en el proceso concursal o comunicara el crédito existente a su favor» a cuenta del citado aval.

«Razones no de legalidad»

«De modo que durante toda la vida del aval, y pese a su íntegra ejecución por importe de 1.180.000 euros, IDEA no habría llevado a cabo actuación alguna en orden conocer la situación de Cofrutex, ni reclamación o actuación alguna tendente a recuperar los fondos dispuestos en ejecución del aval», indica el juez Vilaplana, considerando que «en la concesión del aval mediaron razones no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo; careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de esta ayuda».

Por eso, el juez ordena citar como investigadas a un total de 22 personas entre el 14 y el 28 de septiembre, comenzando por el ex consejero Vallejo ese día 14 de septiembre a las 10:00 horas, figurando también entre los citados en tal calidad Jesús María Rodríguez Román, Ángel Garijo, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández o Francisco Triguero Ruiz.