El Gobierno libra a Juana Rivas de la cárcel tras aprobar su indulto parcial
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El Gobierno ha aprobado hoy el indulto parcial de Juana Rivas, condenada por el Tribunal Supremo a dos años y seis meses de cárcel por sustracción de menores tras la sentencia a cinco que le impusieron en primera instancia los tribunales andaluces.
Sánchez estaba obligado a salvar de alguna manera la cara en el caso de Juana Rivas, a la que defendió a capa y espada pese a la condena que impusieron los tribunales a esta madre que se tomó la justicia por su mano y secuestró a sus hijos para arrebatárselos a su padre, el italiano Francesco Arcuri. Su caso ocupó las portadas del verano de 2017.
Hace apenas dos semanas, el Tribunal Supremo descartó por unanimidad apoyar la concesión del indulto total a esta mujer y no se pronunció sobre una medida de gracia parcial al producirse un empate entre los magistrados.
El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Eduardo Porres, Ángel Hurtado, Leopoldo Puente se opusieron a cualquier tipo de indulto porque si esta medida de gracia se administra «sin atender a circunstancias verdaderamente distintivas, relacionadas desde luego con criterios de equidad», se vería afectada «la generalidad de la norma y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos».
Los magistrados recordaron que el pasado abril el Supremo estimó en parte el recurso de casación interpuesto por Rivas y rebajó la pena a dos años y seis meses de prisión.
«No comprendemos las razones por las que, apartándonos de aquella decisión, deberíamos proponer ahora, solo unos meses después, la concesión de un indulto, aun cuando fuera parcial, para reducir la pena a una magnitud que nosotros mismos, de manera fundada, descartamos entonces», explicaron los magistrados.
Desde el sector podemita del Gobierno, la defensa de Juana Rivas ha sido férrea y, de hecho, el pasado 6 de noviembre la secretaria de Estado de Igualdad, Angela Rodríguez Pam, defendió abiertamente el indulto porque, dijo, si este caso «se hubiera juzgado con las leyes que ahora mismo tenemos encima de la mesa, gracias a esta nueva generación de derechos feministas», como la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que prohíbe las visitas de los padres maltratadores ante cualquier mínimo indicio de violencia de género, «no hubiera sucedido de esta manera».
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