Carrillo (Cs) pide el 155 en Cataluña tras pagar las fianzas de golpistas con dinero de todos los catalanes

El Gobierno catalán ha aprobado por decreto ley que sean todos los catalanes quienes paguen las fianzas de más de 10 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige a decenas de cargos y excargos de la Generalitat por el golpe de Estado dado el 1 de octubre de 2017, así como la promoción exterior de los independentistas a cargo de todos los catalanes. Ante ello, Fran Carrillo, portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía, ha exigido que se aplique el artículo 155 en Cataluña porque hay que «intervenir la Generalidad y devolver al Estado y al constitucionalismo el poder, la fuerza y la presencia que nunca debieron perder».

Exactamente, lo que Fran Carrillo ha expresado en redes sociales es: «Las multas a los delincuentes la pagarán todos los españoles. Esta vergüenza y bochorno sólo se paran con un 155. Hay que intervenir la Generalidad y devolver al Estado y al constitucionalismo el poder, la fuerza y la presencia que nunca debieron perder».

Y es que la última ocurrencia para librar a los acusados del control fiscalizador del Tribunal de Cuentas, como lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha sido la creación de un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que exige a cuarenta altos cargos

En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, acompañada de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el consejero de Economía, Jaume Giró, ha explicado que este fondo «tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo». Vilagrà ha asegurado que servirá para «cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos» de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.

«Tiene como objetivo hacer frente a las obligaciones legales que no queden cubiertas por pólizas de seguros que la Generalitat tiene suscritas», explica el Govern en un comunicado. «El decreto se basa en el principio de indemnidad que obliga a las administraciones a defender a los trabajadores públicos mientras no haya sentencia firme».