Anulan la plaza de la primera y única mujer en acceder a los Bomberos de Melilla por trato de favor

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla ha anulado la plaza a la primera y única mujer que ha logrado aprobar las oposiciones de los Bomberos de la ciudad, en el año 2017, por un presunto trato de favor. La defensa de los afectados en el proceso selectivo sostiene que la opositora fue beneficiada por los supuestos lazos amistosos de su familia con la presidenta del tribunal.

El juez ha ordenado repetir la prueba C de la oposición (psicotécnica y de personalidad) y ha anulado las pruebas posteriores de la opositora, «dado que debió ser declarada no apta y por tanto no debió participar en las siguientes fases del proceso de selección», recoge el auto judicial.

El gabinete a cargo de la defensa de los opositores que recurrieron el proceso ha celebrado que «por fin, tras seis años de litigios», se ha resuelto la oposición de Bomberos de Melilla de 2017 decretándose su «anulación» tras detectarse «un presunto trato de favor de la presidenta del tribunal a una de las opositoras en la prueba psicotécnica y de personalidad».

Cinco de los opositores que participaron en la prueba y que habían sido declarados no aptos iniciaron un doble camino judicial. Por un lado, una acción penal por presunto delito de prevaricación, que «pese a las evidencias de manipulación del proceso selectivo, fueron sobreseídas por el Juzgado de Instrucción de Melilla al no apreciar indicios de criminalidad». Pero los opositores no acataron la resolución y recurrieron de forma paralela al juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla, que finalmente les ha dado «la razón».

Según Antonio Suárez-Valdés, abogado de los cinco opositores recurrentes, «el tribunal de selección alteró sus propios criterios de calificación expresos, con la finalidad de permitir que una opositora, cuyas tías tenían una amistad íntima con la presidenta del tribunal, superase una prueba que tenía suspensa, extremo éste que no hizo con el resto de los opositores excluidos del proceso por el mismo motivo». «Y esto lo hizo con intervención expresa de la presidenta del tribunal, que llamó a las psicólogas asesoras para que alteraran los criterios de corrección y sin aprobación previa del resto de los miembros del tribunal», añade el letrado.

Según la defensa de los afectados, este episodio acarreó incluso dimisiones en dicho órgano «al no querer formar parte algunos de sus miembros de dicho cambalache». Ahora, más de seis años después, el juez «desmonta toda esta operativa fraudulenta, ordenando repetir la prueba psicotécnica y de personalidad a los aspirantes que habían sido injustamente declarados no aptos en la misma, pero al tiempo, despoja de su plaza de funcionaria a la opositora favorecida por las irregularidades producidas, la cual tendrá igualmente que repetir la prueba», zanjan desde el gabinete jurídico Suárez-Valdés.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).