Acciona para la obra del puente del Centenario de Sevilla y Moreno señala al Gobierno por «supuestas mordidas»
Las obras, que comenzaron en agosto de 2021, deberían haber finalizado en 2023
Cerdán colocó a su cuñado como único empleado en la obra del Puente del Centenario, que costó 2 millones
Las obras del puente del Centenario de Sevilla se han convertido en una auténtica pesadilla para los sevillanos. La empresa encargada contaba con un plazo de 27 meses para llevar a cabo la reforma, iniciada en agosto de 2021. Sin embargo, a día de hoy y con escasos avances visibles, los trabajos ya se prolongan durante 54 meses, es decir, el doble del tiempo previsto, superando ampliamente los cuatro años de ejecución.
Tras más de dos meses y medio con la obra paralizada, la UTE adjudicataria, liderada por Acciona, ha solicitado la rescisión del contrato al Ministerio de Transportes, que ahora deberá buscar una nueva empresa para hacerse cargo del proyecto, actualmente vinculado a la investigación judicial de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos.
«Es un puente clave»
Durante la mañana de este jueves, el candidato del PP a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a María Jesús Montero que dé las explicaciones pertinentes sobre la «paralización» de las obras del puente del Centenario y sobre las supuestas «mordidas» que «algunos miembros del Gobierno» intentaron llevarse.
Moreno ha mostrado durante una intervención en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) su preocupación por la paralización de las obras de un «puente que es absolutamente clave, estratégico y esencial para la conectividad y la movilidad de toda la ciudad», especialmente desde el Aljarafe hasta la capital.
«Ayer, después de varios años de supuesta obra, nos dicen que esa obra se paraliza sin estar terminada, y que no sé si está garantizada la seguridad del puente. Nos gustaría que hubiera algún informe porque nos cuentan que hay algunos de los tensores que no se han completado y, por tanto, no están terminados», ha señalado.
Moreno ha añadido que es «sonrojante» lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación» con lo relacionado a las mordidas en la trama de Koldo, Ábalos y compañía, que «han querido participar en mordidas con esta gran infraestructura».
«Es sonrojante que los ciudadanos de Sevilla, que todos los días nos comemos un gran atasco en ese puente, sepamos que esa infraestructura no está en funcionamiento y su ampliación no está en funcionamiento porque hubo, supuestamente, algunos miembros del Gobierno que intentaron llevarse comisiones de este puente», ha agregado.
‘Operación Sevilla’
La empresa Servinabar, vinculada al entorno del PSOE, obtuvo cerca de 1,8 millones de euros en adjudicaciones relacionadas con las obras del Puente del Centenario de Sevilla, pese a contar con un único trabajador presencial: Antonio Muñoz Cano, cuñado del dirigente socialista Santos Cerdán. Así lo recoge un informe de la UCO al que ha accedido OKDIARIO Andalucía, donde se describe un sistema diseñado para fragmentar contratos, eludir licitaciones y canalizar pagos millonarios hacia la sociedad dirigida por Antxón Alonso, el empresario que entregaba billetes de 500 euros a Cerdán y que mantuvo reuniones con Arnaldo Otegi.
El documento señala que Servinabar resultó beneficiaria como subcontrata de Acciona tras la firma en 2018 de un «Memorándum de Entendimiento», mediante el cual percibiría un 2% de cada obra adjudicada a la constructora en el entorno del Puente del Centenario. En 2021, la adjudicación principal de los tirantes del puente alcanzó los 84,9 millones de euros, lo que implicaría unos ingresos estimados de 1,7 millones para Servinabar, sin que conste actividad profesional acreditada más allá de la contratación del citado cuñado de Cerdán como «peón especialista».
El informe también recoge la presión ejercida por el propio Santos Cerdán, quien, a través de WhatsApp, ordenó a su colaborador Koldo cerrar la operación ‘Sevilla’, como él mismo la denominaba. Su interés por esta obra quedó reflejado en una conversación grabada entre Koldo y José Luis Ábalos. Posteriormente, altos cargos del Ministerio de Fomento habrían facilitado las adjudicaciones mediante resoluciones por vía de emergencia, evitando así los controles administrativos habituales.