La nueva compañía VTC de Jaime Castellanos se une a Cabify en contra de Uber

Uber
Sede de Uber (Foto: Getty)
Carlos Ribagorda

Moove Cars, la nueva compañía de VTC liderada por el fondo buitre King Street Capital y presidida por Jaime Castellanos, ha jugado un papel activo en la batalla que enfrenta al sector con Uber.

Moove Cars se ha unido así a Cabify y Unauto, la patronal del sector, ha exigido a Uber que acepte la decisión de Fomento, plasmada en un real decreto ley que aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros, de mantener la restricción de una licencia VTC por cada 30 de taxi.

Uber está a favor de liberalizar completamente el sector mientras que el resto de empresas, lideradas por Cabify y Moove Cars, están totalmente en contra de esa liberalización y este lunes han pedido incluso al Supremo que no se pronuncie sobre este asunto en la sentencia que está pendiente por salir.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la clave de esta batalla es el valor de las licencias, que han duplicado su valor. Moove Cars ha invertido 200 millones de euros en comprar licencias, como adelantó este diario, y está pendiente de conseguir otras 2.000 en los diferentes pleitos abiertos en las diferentes comunidades autónomas.

Como le ocurre a Cabify, toda esa inversión de King Street y Castellanos está en peligro si se liberaliza completamente el sector y cualquier ciudadano puede operar una VTC sin restricciones. Además, sin liberalización, la empresa tendría la opción de revenderlas en un futuro. Moove Cars empezó a funcionar en marzo, como adelantó este diario.

Supremo

La consecuencia de este planteamiento ha sido la decisión de Unauto de pedir al Supremo que desista del proceso abierto -se realizó la vista pública el 17 de abril- para acabar con las limitaciones impuestas por el Gobierno en el reglamento de la norma que limita las licencias VTC a una por cada 30 de taxi.

Unauto pide al Supremo que no se pronuncie en una futura sentencia tras declarar la pérdida sobrevenida del objeto del recurso, puesto que el Gobierno aprobó el viernes un real decreto ley que deja sin efecto su sentencia y mantiene las restricciones a favor del taxi.

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