La presión vecinal evita que un alcalde del PSC ubique veinte toxicómanos en un pabellón

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 27/04/2020 19:09
  • Actualizado: 27/04/2020 19:28

Amenazaban con incendiar el barrio y el ayuntamiento ha acabado cediendo. Desde hoy, el pabellón deportivo de La Mina, en San Adrián de Besós (Barcelona), tenía que acoger a unos veinte toxicómanos que deambulan a diario por el barrio. Pero la presión vecinal de un barrio ya muy marginado y olvidado ha frenado los planes del ayuntamiento gobernado por el PSC.

En las calles de La Mina, un barrio entre los municipios de San Adrián y Barcelona y con bloques con más de 2.000 vecinos, la gran mayoría de ellos de etnia gitana, ha sido durante muchos años el gran supermercado de la droga de Cataluña. Desde hace unos años, entre la Biblioteca y la comisaria de los Mossos, se hallan unos módulos prefabricados que sirven como narcosala.

Diariamente decenas de ciudadanos que tienen problemas con las drogas deambulan las calles de La Mina, entre niños y adultos, en busca de su dosis de metadona que le ofrece esta sala dependiente del Servei Català de Salut. Entre consultas, por eso, recogen jeringuillas que otros drogadictos tiran al suelo para pasar el mono o se suben a uno de los múltiples pisos que sirven como punto de venta.

Estas más de veinte personas atendidas por la Generalitat se encuentran en la calle desde la aprobación del estado de alarma. Barcelona habilitó un pabellón de la Fira para acoger a personas sin techo pero estas veinte, por sus características especiales, no habían podido ser recolocadas en esas instalaciones. Por eso, el ayuntamiento de San Adrián, quería ubicarlas a partir de hoy en el pabellón deportivo del barrio, a menos de cien metros de la narcosala.

Finalmente, a raíz de la negativa de los vecinos, el consistorio ha tenido que frustrar hoy sus planes. De momento las veinte personas afectadas se vuelven a quedar en la calle a la espera de encontrar una solución habitacional con la que cumplir el estado de alarma y garantizar su salud.