Piden 4 años de cárcel para dos ex alcaldes de Finestrat por dos muertes en las inundaciones de 2011

Han tenido que pasar cinco años y una nueva inundación con muertes en el mismo barranco urbanizado ilegalmente en Finestrat (Alicante). Este martes se ha conocido la petición de la Fiscalía contra los dos ex alcaldes de la localidad en la que murió un matrimonio británico en 2011 y en la que recientemente otro vecino perdió la vida durante una nueva inundación.

El fiscal pide sendas penas de cuatro años de prisión para dos ex alcaldes y para un ex edil de Finestrat (Alicante) a los que responsabiliza de la muerte de un matrimonio británico en una riada registrada en 2011 en un mercadillo municipal instalado en una rambla inundable.

Ese mismo barranco, urbanizado en su día por el ayuntamiento, se cobró la vida de otra persona el pasado 17 de diciembre durante el último temporal, un hombre que fue arrastrado mar adentro cuando se disponía a retirar un vehículo estacionado.

Los acusados por la riada de hace cinco años son el que fuera alcalde socialista de 1983 a 2007, José Miguel Llorca Llinares, el alcalde del PP entre 2007 y 2015, Honorato Algado, y el concejal de Seguridad Ciudadana de la anterior legislatura, Tomás Gaspar Sellés Llorca.

Según expone la fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, Llorca Llinares autorizó en 1984 la instalación del mercadillo en el llamado Barranco de la Cala de Finestrat, un cauce de dominio público hidráulico del Estado, sin la «preceptiva autorización administrativa» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Ese mercadillo fue explotado por una empresa con una concesión administrativa hasta que pasó a ser gestionado directamente por el consistorio en 2009, cuando ya era alcalde Honorato Algado.

Este último mantuvo la ubicación de los puestos, a pesar de que el mercadillo «seguía careciendo de la correspondiente autorización y de conocer el riesgo que había de riada en caso de lluvia en el referido cauce», añade el ministerio público.

Tanto Llorca Llinares como Algado impulsaron la urbanización de esta rambla, el primero con el asfaltado de 380 metros lineales del lecho del barranco en 2004 y el segundo con la pavimentación de otros 326 metros.

En ambos casos, esos trabajos se realizaron «sin solicitar autorización al organismo correspondiente y sin efectuar un estudio previo sobre su impacto en la evacuación de aguas del cauce», según la acusación pública.

Esa pavimentación impide de hecho la filtración de las precipitaciones e influye igualmente en la velocidad de circulación del agua que discurre por la rambla, que es muy alta por la pendiente longitudinal de la zona, incluso con caudales bajos.

Y precisamente el mantenimiento de esa urbanización ilegal fue la que facilitó la nueva riada del pasado 17 de diciembre, cuando a las 11.13 horas de la mañana un hombre que trataba de salvar su coche de las aguas fue arrastrado por el cauce y 20 minutos más tarde fue hallado ya en el mar, en estado cadáver y flotando.

Procedimiento sancionador desde 2009

La CHJ inició un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Finestrat en 2009 por esos trabajos de urbanización que acabó en una multa y con la obligación del gobierno local de restituir el barranco a su «situación primaria».

De haberse solicitado, el ente de cuenca jamás habría concedido nunca una autorización para ocupar este espacio por el riesgo de inundaciones, añade el fiscal y, pese a ello, el mercadillo «continuó instalándose en la misma ubicación».

El 21 de octubre de 2011 una fuerte tromba de agua descargó sobre la Cala de Finestrat, lo que desembocó en una riada que arrastró el centenar de puestos del mercadillo municipal, los vehículos de los comerciantes y toda su infraestructura. A causa de la fuerza de la avenida de agua, el matrimonio británico formado por Kenneth y Mary Hall falleció y otras dos personas resultaron heridas.

La Fiscalía acusa provisionalmente a los ex alcaldes Llorca Llinares y Algado y al edil de Seguridad Ciudadana cuando ocurrieron los hechos, Tomás Gaspar Sellés Llorca, de dos delitos de homicidio, otro de lesiones y un cuarto de daños, todos ellos cometidos presuntamente por una imprudencia grave.

Cada uno de ellos se enfrenta a cuatro años de cárcel, que es la condena que propondrá el ministerio público al inicio de la vista oral que debe celebrarse por estos hechos el próximo año en un juzgado de lo Penal de Benidorm.