Los farmacéuticos en pie de guerra: exigen, como marca la ley, dispensar medicamentos veterinarios

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 05/03/2025 13:21
  • Actualizado: 05/03/2025 13:21

El Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, ha causado un potente choque entre dos profesiones que, hasta ahora, se las veía aliadas, como son los farmacéuticos y los veterinarios. Y es que estos últimos, han rechazado la nueva normativa, que limita su prescripción para el uso de antibióticos para animales, en respuesta a las crecientes resistencias antimicrobianas asociadas a su empleo en animales.

Desde hace unas semanas la profesión veterinaria, sobre todo quienes tienen relación e intereses directos en las clínicas veterinarias, vienen reivindicando acciones contra la norma del Gobierno publicada en el BOE que regula la actividad de la prescripción de medicamentos antibióticos, justificando el Gobierno su publicación por las resistencias microbianas, salud pública animal y, en el fondo también, por salud pública para los humanos, aspectos que Europa ha considerado de interés poniendo el acento en su normativa en el control de las prescripciones de los veterinarios.

Los argumentos que plantean estos profesionales no dejan de ser teóricos, y sobre todo por desequilibrar los principios de salud pública, a los que deben proteger, como lo hacen el resto de profesionales de la Sanidad. Fuentes de farmacia consideran que lo que están haciendo, es una injustificada alarma social. 

Por otra parte, han señalado las mismas fuentes «que se dan riesgos para la vida animal, cuestión que de ser cierta sería fácilmente entendible por la Administración». Han llegado, incluso, a decir en su campaña, que el retraso en la entrega del medicamento a la mascota generará muertes. Esas muertes, de producirse, vendrán por la situación de salud de la mascota, más que por implementar un protocolo. En todo caso, el tratamiento in situ debe prevalecer a la burocracia y no al revés.

Por otra parte, desde las Clínicas Veterinarias «se viene infringiendo la normativa legal española (Ley del Medicamento) durante todos estos años», como han señalado fuentes farmacéuticas, sin atender a las reivindicaciones también de otro colectivo como es el farmacéutico. La capacidad de prescribir está prohibida con la acción o actividad de la dispensación de medicamentos. «Es más, son las oficinas de farmacia, las comerciales detallistas y las entidades o agrupaciones ganaderas las que están por normativa autorizada para la dispensación de medicamentos y  otros productos».

Parecería más lógico que los veterinarios reivindicaran al Gobierno, por ejemplo, el mismo trato fiscal que reciben los medicamentos de uso  humano, que, como bien se sabe, es un IVA reducido, cuando en muchos casos a las mascotas también se les dispensan medicamentos de uso humano por vacío terapéutico del medicamento veterinario. Lo que no se puede exigir al Gobierno es que las Clínicas Veterinarias puedan seguir dispensando medicamentos, y menos con los argumentos que vienen ofreciendo.

En sus legítimas reivindicaciones, se oponen al régimen de sanciones económicas, como si un acto profesional donde la salud pública puede estar en riesgo no fuera suficiente argumento, estaríamos ante una mala praxis, para penalizar el acto profesional. Aun así, no son los únicos profesionales de la Sanidad que tienen un régimen sancionador más o menos duro, a veces incluso difícil de explicar.

El control de prescripciones, sobre todo, en materia de antibióticos ni limita ni restringe el acto profesional del veterinario, eso sí, genera, como a otros profesionales, una mayor burocracia, que se insiste, se hace en beneficio de la salud pública de todos.

Toda la normativa sobre medicamentos conlleva controles, burocracia, pero en ningún caso puede entenderse como un límite o restricción al acto profesional, como se viene defendiendo. No se puede, y menos exigir, una regulación justa del medicamento, porque esa normativa ya existe.