Destruir documentación gubernamental no puede salir gratis

Si la intención de los altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, inquilino en La Moncloa durante el ilegal 1-O, es mostrarse ante el Tribunal Supremo como garantes de la Constitución española no lo están consiguiendo. El ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha reconocido que el Ejecutivo del PP “sugirió” a los separatistas catalanes que la consulta se celebrara “en plazas o lugares abiertos, de modo que se transformara en un hecho simbólico que no contradijera el mandamiento judicial referido a evitar la votación en colegios”. Es decir, y siempre según las palabras de Nieto, el propio Gobierno central sirvió en bandeja de plata el golpe de Estado a los independentistas mientras, paradójicamente, al mismo tiempo mandaba a las Fuerzas del Seguridad del Estado a frenarlo.

De ser cierta esta permisividad de Rajoy referida por el número dos del Ministerio del Interior con los deseos de autodeterminación de los cabecillas el 1-O, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, estaríamos ante una desvergüenza sin parangón que afecta a todo el aparato del Estado. No sólo porque con su sugerencia el mismísimo presidente del Gobierno incitase a los separatistas a saltarse el mandato del Tribunal Constitucional y organizar una votación que encerraba como fin último la ruptura de España, sino porque, además, –y según la referida declaración– el ex líder popular acudió ante el Alto Tribunal siendo infiel a la verdad. Rajoy, de manera férrea, afirmó durante su comparecencia como testigo que “no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional y saltarse la ley. Nunca hubo una negociación para hacer un referéndum”.

De todos modos, y sea como fuere, la versión dada por el ex jefe del Ejecutivo en la Sala del Supremo no podrá confirmarse porque, tal y como desvela OKDIARIO, toda la documentación que concierne al 1-O ha sido destruida. Ante tal circunstancia, y para que no se repita un escenario semejante, urge la creación de una legislación específica, al margen de la actual Ley de Secretos Oficiales, dedicada a la protección de toda información clasificada que ataña a una crisis política y gubernamental de este calado. De no promover dicha ley, no será posible acreditar si un Gobierno cumple o no con el deber, legal y ético, de velar por el interés común de la nación. Ahora, y hasta el final del proceso, las contradicciones de los testigos están en manos de los magistrados de este complejo proceso judicial y éstos no deben olvidar que, tanto si las palabras de Rajoy como las palabras pronunciadas por Nieto no son certeras, ambos testigos estarían incurriendo en falso testimonio, un delito tipificado en el Art. 458 del Código Penal.