El triunfo de la división de poderes

Carmen Lamela demuestra que la separación de poderes funciona bien en España. La juez de la Audiencia Nacional no ha tenido ningún problema a la hora de mandar a prisión a los dos cabecillas de la trama civil que, junto con Puigdemont y sus compinches en el sector político, han urdido el golpe de Estado en España. El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, dormirán en el módulo preventivo de la prisión de Soto del Real. Lamela actúa de modo impecable tanto a nivel jurídico como fáctico. No le ha temblado el pulso a pesar de que algunos sectores del Gobierno preferían dejar una puerta abierta a la prisión provisional. La magistrada cumple así su palabra: «Yo no estoy subordinada al poder político, haré lo que tenga que hacer en Derecho». Una frase que garantiza que en nuestro país, tal y como ha quedado demostrado este lunes, ir contra la legalidad vigente y la Constitución tiene graves consecuencias. 

Resulta ridículo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, diga que «lamentablemente, tenemos presos políticos de nuevo». En vez de asumir su fracaso y valorar la mano tendida que aún mantiene el Ejecutivo para no tener que aplicar el 155, sigue empeñado en llevar a los catalanes hacia el precipicio social, político y económico a base de suplir su falta de argumentos con insoportables dosis de demagogia, victimismo y falsedad. Ceñidos a los hechos acaecidos en los días 20 y 21 de septiembre, queda más que demostrado que tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuixart espolearon a las masas de radicales para impedir que se efectuara la Operación Anubis contra la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional. Una masa que coaccionó a los agentes e impidió que cumplieran las órdenes del juez. 

Lo deseable a partir de ahora sería que la investigación judicial llegara hasta el 1-0 para que se pudieran depurar todas las responsabilidades de aquéllos que de un modo u otro atacaron el orden constitucional. Así, la juez de la Audiencia Nacional podría probar con casi toda seguridad la reincidencia delictiva del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Un hombre al que la Guardia Civil considera incitador del caos en las calles por abandono de funciones y en consonancia siempre con Sánchez y Cuixart. Por ahora, Trapero sólo está privado del pasaporte y no puede salir de España a pesar de que la Fiscalía pedía prisión incondicional para él. Pero su responsabilidad en la hoja de ruta independentista es fundamental, de ahí que el fallo de este lunes sólo deba ser un punto y seguido que amplíe las investigaciones para que cada uno de los sediciosos pague por las consecuencias de todos sus actos.