Sin libertad económica no hay progreso
El IEE calcula que el PIB podría crecer hasta un 3% más si se redujese la regulación a las empresas
España pierde puestos en libertad económica entre los países de la UE desde que gobierna Sánchez
La propuesta del Instituto de Estudios Económicos (IEE) de simplificar el marco regulatorio -lo que viene a ser reducir la intervención del Estado- que afecta a las empresas es una necesidad imperiosa en un mercado sujeto a un alud de normas que actúan como auténtico freno en la dinamización de la economía. Según el IEE, dicha simplificación generaría un «impacto positivo» sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5 y el 3% del PIB y podría ser incluso superior si se produjera esa mejora en clave europea.
Y es que no hay que ser un lince para darse cuenta de que emprender en España se convierte en una auténtica carrera de obstáculos como consecuencia de la obligación que tienen las empresas de cumplir con un marco legislativo que es todo un laberinto. Entre las disposiciones normativas del Estado y de las comunidades las empresas se ven presas de un marco regulatorio tan rígido que necesitan más tiempo para superar las trabas administrativas que al negocio en sí mismo, algo que no sólo resta potencialidad, sino que, además, provoca una terrible sensación de inseguridad jurídica.
La burocracia sin fin, más la carga impositiva han provocado que España se sitúe en el puesto 41 a nivel mundial de los 184 países analizados en el Índice de Libertad Económica (ILE) en 2022, dos puestos por debajo de la clasificación de 2021. Nuestro país está en el puesto 29 de los 38 países de la OCDE, de modo que está claro que el intervencionismo repercute negativamente en la libertad económica de las empresas provocando una ralentización de la actividad económica, la creación de empleo y, en definitiva, del bienestar social a largo plazo. Un ejemplo positivo es la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que pretende conseguir una verdadera unidad de mercado y que permite «a las empresas establecidas legalmente en otra región española operar libremente en territorio madrileño sin ningún requisito adicional». Ese es el camino, porque sin libertad económica no hay progreso.
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