Quieren convertir a los jueces en monigotes

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ministerio de Justicia otorga a los fiscales la dirección de la investigación y, al tiempo, impidirá que partidos políticos, organizaciones públicas y sindicatos, como adelantó OKDIARIO, puedan ejercer la acusación popular. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga a los jueces el desempeño de un «rol de garantía»(meros monigotes), pero será el Ministerio Fiscal quien dirija la investigación de los hechos punibles y quien ejerza, casi en exclusiva, la acción pública penal, lo que significa que la figura de la acusación popular, reconocida en nuestro derecho y regulada en el artículo 125 de la Constitución, quedará gravemente limitada.

Cabe recordar que la acusación popular faculta tanto a personas físicas como jurídicas a personarse en un proceso judicial penal, aunque no se hayan visto afectadas directamente por el delito en cuestión. Si la ley sale adelante, el Gobierno, a través de la Fiscalía -«¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso»-, tendrá el control de los procesos judiciales y mucho más margen de maniobra para allanar aquellos casos en los que se vea afectado directa o indirectamente.

OKDIARIO ya ha denunciado editorialmente la tropelía que pretende el Ejecutivo socialcomunista, dispuesto a quitarse del medio a todos los actores a los que la Constitución otorga un papel relevante en la defensa de la legalidad. En definitiva, es un paso más para demoler todos los diques de contención institucionales. Si con la reforma que pretende el Ejecutivo sólo la Fiscalía puede ejercer la acusación y el Ministerio Público depende del Gobierno, ¿quién vela por la defensa de la legalidad?

Esa es la clave. El artículo 125 de la Constitución es muy claro al otorgar a la acusación popular un papel relevante en defensa de la legalidad. Si se limita al máximo, como pretende Pedro Sánchez, y la Fiscalía, que depende del Gobierno, será quien ostente en monopolio la acción pública penal, el Ejecutivo tendrá el control sobre los procesos judiciales. Otra cacicada más.