Por qué no se deben prohibir los despidos

No hay nada más satisfactorio para un periodista que llegar a ser director de la publicación que ha contribuido en buena parte a forjar. Yo tuve esta suerte por dos veces. En el diario Expansión y en Actualidad Económica. Allí pasamos momentos de gloria, cuando las audiencias alcanzaron cotas irrepetibles ahora, pero también tiempos muy difíciles a medida que el favor del público iba menguando. La situación obligó a la empresa a tomar con rapidez medidas para proteger lo máximo posible la rentabilidad del negocio, abocando al inevitable y doloroso recorte de personal, entre otros ajustes en los costes.

Aunque contábamos con un departamento de Recursos Humanos, me pareció indigno que fuera éste el que se encargara de una tarea tan desagradable y descargar en ellos una responsabilidad que me implicaba de manera tan directa. De modo que reuní en ambos casos a mi equipo directivo y traté de persuadirles del hecho inexorable de prescindir de algunos de nuestros compañeros con el argumento del bien mayor: la supervivencia de la empresa, la continuidad de la publicación y salvar los mayores puestos de trabajo posibles. Unos lo entendieron mejor que otros, igual que pasó con los directamente afectados, pero gracias a esta cirugía las dos publicaciones siguen editándose, es verdad que en medio de enormes dificultades, dada la crisis estructural que afecta al sector.

Este exordio personal viene a cuenta de la invasión de Ucrania y de los efectos demoledores que va a tener sobre el crecimiento económico y el futuro de muchas empresas, abocadas probablemente al cierre por el imparable aumento de los costes o a una drástica reducción de plantilla para sobrevivir. Algunos institutos de análisis económico creen que el PIB de España se reducirá un punto este año, que la tasa media de inflación será dos puntos mayor a la estimada -hasta el 5,4%- y que se crearán cien mil puestos de trabajo menos de los previstos en enero. Desgraciadamente, el desempleo también va a aumentar minando aún más un país que tiene el humillante récord de exhibir la tasa de paro más alta del Continente y alcanza un fondo abisal en lo que respecta a los jóvenes.

La reacción de cualquier político decente ante estos hechos difíciles de combatir sería la de promover la mayor flexibilidad posible del mercado laboral, a fin de impulsar el ajuste más fructífero a largo plazo para todos. Pero la opción preferida por la ministra de Trabajo, la inefable Yolanda Diaz, es justo la contraria. Se ha declarado dispuesta a pelear al máximo para que en el paquete de medidas con el que afrontar las consecuencias de la guerra, que se aprobará mañana en Consejo de Ministros, se vuelva a prohibir el despido procedente -por causas objetivas-  igual que ocurrió durante la pandemia. «No es el momento de despedir, no es el momento de bajar los salarios», ha declarado campanudamente esta abogada laboralista que no entiende cómo funcionan los resortes de la economía de mercado ni tiene aprecio genuino por el bienestar común.

La ministra ignora que el Gobierno está ontológicamente incapacitado para fijar el nivel de empleo de una economía. Unas buenas normas legales ayudarían mucho a que este fuera el máximo posible, pero los socialistas han elegido reiteradamente las contrarias para lograr este propósito, como aumentar el salario mínimo o gastar a espuertas en distracciones como las políticas de igualdad de género, la subvención a los jóvenes para consumir infracultura y ocurrencias por el estilo. Esta de prohibir los despidos procedentes es una más, y grave, en su largo historial de atentados contra el sentido común.  En la medida en que la inflación rampante, los costes de producción y la caída de la demanda comprometan la viabilidad de las compañías éstas se verán obligadas a recomponer su situación financiera y no van a ser capaces de aguantar con la misma plantilla diseñada cuando la coyuntura era boyante. Tendrán que desprenderse de personal, de modo que entorpecer monetariamente el normal desenvolvimiento de la incontestable realidad, que castigar a las empresas abocándolas a despidos improcedentes, y por tanto más caros, complicará adicionalmente su sostenibilidad y permanencia.

Y otro tanto se puede decir de los salarios. Contra lo que dice la ministra, disponer de la facultad de bajarlos temporalmente hasta la normalización del mercado y del estado patrimonial de la empresa contribuiría a evitar los mayores despidos posibles y a asegurar el futuro de la compañía, que, no se olvide, es lo único importante si no se tiene duda de que son las empresas las que crean riqueza y empleo, buscando el mayor beneficio posible, que es la clave del tinglado capitalista, ese que ha probado ser, contra cualquier intento de desmantelamiento, una fortaleza robusta a prueba de cualquier invasión, incluso la de Ucrania. Salvando las distancias, hablamos de lo mismo que le ocurrió a mi empresa en los años esquivos que tuve que padecer como director, y no salió mal.

«Nadie entendería que, en una situación de crisis, con unas empresas -en referencia a las del Ibex 35- que tuvieron beneficios de 64.000 millones en 2021, ahora se dedicaran a despedir a gente o bajaran los salarios», ha declarado Yolanda Diaz para justificar su peregrina iniciativa. Pero este es uno de los principales problemas del país: que ni los socialistas de Sánchez ni mucho menos los comunistas de la señora Diaz entienden que sin beneficios no hay empresa posible y que gracias al excedente es posible la reinversión y la creación de los puestos de trabajo que ellos sólo saben generar en el sector público, a cuenta de los impuestos de todos, entre otros los que extraen de manera confiscatoria a las sociedades que persiguen con saña.

Incluso las empresas del Ibex 35 están lejos de  haber recuperado la ejecutoria anterior a la pandemia y ahora la invasión de Ucrania. El resto, es decir, el 90% del tejido productivo, que está compuesto por pymes, lleva tiempo viviendo una situación agónica. La confianza de los empresarios se ha hundido, la mayoría está en pérdidas aguantando como puede el negocio. En estas condiciones perentorias, cualquier intervención política que coarte la libertad del empresario para afrontar la crisis, impidiendo la posibilidad de recortar salarios o de reducir personal provocará el efecto contrario del esgrimido: más quiebras y mayor destrucción de empleo. De igual modo, sugerir una contención de los beneficios en estas circunstancias equivale a tratar de imponer subrepticiamente un impuesto o una expropiación del rendimiento, de ese éxito que tanta falta nos hace y es la única vía posible para progresar.