¡Puigdemont a prisión!

En todas las grandes manifestaciones constitucionalistas, celebradas en Cataluña en los años álgidos del procés, el grito unánime de buena parte de los asistentes era «¡Puigdemont a prisión!», sin apenas fisuras. Los catalanes que defienden la legalidad democrática de nuestro país, y la unidad de la Nación, tenían claro que el presidente de la Generalitat que dio el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 merecía ir a la cárcel, sin ningún tipo de dudas. Reconozco humildemente que, a las concentraciones que pude ir, fui de los que gritó apasionadamente para pedir su encarcelamiento. Ya que los partidos separatistas querían convertirnos a millones de catalanes en ciudadanos de segunda, o mejor dicho en apátridas, teníamos todo el derecho del mundo a que se aplicara justicia. Y llegó con la detención, la prisión preventiva y la condena por sedición de los insurgentes.

Luego llegó el cambio de posición del PSOE y los vergonzosos indultos de Pedro Sánchez a los golpistas. Pasamos del «¿de quién depende la Fiscalía?» a excarcelar a los que quisieron acabar con nuestra democracia. Y todo ello a cambio de un puñado de votos en el Congreso de los Diputados. Parecía que el «¡Puigdemont a prisión!» no iba a llegar nunca, ya que además de los indultos el Gobierno de Sánchez se dedicó a todo tipo de reformas legislativas para dejar en nada los delitos de los sediciosos. Y fue altamente frustrante para todos los catalanes que vimos atacados nuestros derechos civiles durante el procés que el separatismo gozara de impunidad por culpa de la debilidad parlamentaria de los socialistas.

Por suerte, la impunidad que goza el separatismo catalán en nuestro país no llega a Bruselas. Y últimamente los sediciosos indultados, y los sediciosos prófugos, no hacen más que sufrir derrotas políticas y judiciales de todo tipo. El último revés en los Tribunales ha sido para Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsati a cuenta de su pugna con el Parlamento Europeo por su inmunidad parlamentaria. Y más que vendrán, porque unos golpistas que quisieron acabar con el sistema democrático de un país miembro de la UE no pueden más que cosechar reproches por parte de las instituciones transnacionales del espacio de libertades europeo.

El sueño húmedo de los golpistas indultados, y de los golpistas prófugos, es que si se produce un cambio de mayoría parlamentaria en el Congreso, y el centroderecha gobierna el país, el separatismo se reactive en las calles. Sería la mejor manera de tapar la incapacidad de gestión que tanto Esquerra como Junts demuestran en todas las administraciones públicas que dominan. Pero para muchos catalanes un nuevo Gobierno significará otra cosa: tenemos la esperanza que sea el fin de la impunidad del independentismo y que el «¡Puigdemont a prisión!» se cumpla de una vez. Y que si los partidos y entidades secesionistas vuelven con el Ho tornarem a fer, todo el peso de la justicia democrática de nuestra Nación caerá sobre ellos.

De momento nos vamos alegrando con las derrotas que el separatismo cosecha, una y otra vez, en Europa. Hasta que llegue el día en que consigamos que los que hacen del incumplimiento de nuestras leyes una norma habitual de conducta paguen por ello. Ojalá sea a partir del 23 de julio, y que no tengamos que fiarlo todo a las instituciones judiciales y políticas transnacionales. De nuestro voto depende.