Plantar cara a la opresión lingüística

La Fiscalía ha hecho su trabajo y ha pedido dos años de prisión para cada uno de los fanáticos que escribieron mensajes en Twitter contra la familia de una alumna de Canet de Mar (Barcelona), que pidió por vía judicial un 25% de clases en español. Los mensajes de estos tuiteros llamaban al «aislamiento social» de dicha familia. El ministerio fiscal les acusa de «denigrar y vejar» a la familia, ya que habrían atentado contra su integridad moral. Por eso, pide que se les condene a indemnizar con 9.000 euros a la alumna y a sus padres, por los presuntos daños que les causaron con sus mensajes en esta red social.

Esta familia fue objeto de un linchamiento en redes mediante mensajes de acoso durante el mes de diciembre de 2021, después de que lograran que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya impusiera las medidas cautelares del 25% de clases en castellano en el aula a la que asistía la niña, que entonces tenía cinco años. La Fiscalía ha hecho lo correcto porque hay que acabar con el linchamiento social que sufren aquellos catalanes que piden enseñanza en español en las escuelas de esta comunidad autónoma. No puede salir gratis intentar provocar el acoso social a unas familias que reclaman sus derechos.

De ahí la importancia de la labor de las entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Convivencia Cívica Catalana o Hablamos Español, entre otras, que luchan contra la discriminación lingüística de los castellanoparlantes y que amparan a aquellos padres de alumnos que tienen la valentía de dar el paso de denunciar a la Generalitat. El precio social que se paga en la Cataluña separatista por exigir que haya asignaturas en español en las escuelas es terrible, ya que el acoso y el aislamiento social no se limita a las redes, y llega a todos los ámbitos de la vida.

Te puedes jugar tu trabajo, tus amistades y tu negocio. Si tienes un comercio, las ventas bajarán en picado si vives en la Cataluña dominada por el secesionismo y se hace público que has pedido enseñanza en español. O te pueden despedir o comenzar a sufrir bullying laboral. O tu círculo de amistades se reducirá de manera radical. De ahí la importancia de luchar contra los señalamientos, denunciarlos y exigir responsabilidades judiciales a los que intentan amedrentar a los castellanoparlantes que exigen sus derechos lingüísticos.

Es muy triste que en un país democrático como España -aunque gracias a Pedro Sánchez cada vez lo es menos por sus cesiones al separatismo- alguien sea acosado y perseguido simplemente por pedir que sus hijos reciban educación en la lengua común a todos los ciudadanos. Pero las taifas separatistas, auténticos virreinatos, se han convertido en espacios de impunidad en los que los abusos del independentismo salen gratis. El golpe de Estado permanente que se vive en Cataluña y en el País Vasco garantiza que, poco a poco, el constitucionalismo vaya perdiendo espacios de libertad.

El separatismo quiere erradicar al español como lengua de uso educativo, profesional y social. De ahí que la Generalitat, con la necesaria complicidad del PSC, esté subvencionando a chivatos lingüísticos como Plataforma per la Llengua, para intentar imponer el uso del catalán en todos los ámbitos. El objetivo real, por mucho que intenten disimular, no es promover el catalán, sino erradicar el uso del español. Frente a este intento abusivo, sólo nos queda alzar nuestra voz y exigir nuestros derechos a usar el español en España. Porque, aunque algunos separatistas vivan en una realidad paralela, Cataluña es España.