P.S.O.E.: la mafia española de Pedro Sánchez

La ‘Ndrangheta, la Camorra y la Cosa Nostra son algunas de las organizaciones mafiosas más antiguas y conocidas de Italia. Posteriormente, nació la Sacra Corona Unita, que se incorporó al siniestro catálogo de organizaciones dedicadas a las mismas actividades delictivas: extorsión, tráfico de drogas, corrupción, intimidación y control de territorios.

Existe una leyenda popular, carente de fundamento histórico, que atribuye el nacimiento de estas organizaciones a tres caballeros españoles: Osso, Mastrosso y Carcagnosso, quienes habrían huido de Toledo en el siglo XV para fundar, respectivamente, la mafia siciliana, la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa.

Una bonita historia de caballeros, honor y códigos secretos que los historiadores no consideran más que un relato legendario utilizado para revestir de romanticismo unos negocios bastante menos nobles.

Pero resulta que, cuando pensábamos que estaba todo inventado, España ha decidido aportar su propia versión al universo mafioso internacional.

Corría el año 2014 cuando un individuo llamado Pedro Sánchez, acompañado de un grupo de personajes de dudosa reputación política, comenzó a construir su particular proyecto de poder. El objetivo era conquistar la Secretaría General del PSOE y, posteriormente, alcanzar la presidencia del Gobierno de España.

Lo que vino después ha alimentado una interminable sucesión de escándalos, investigaciones judiciales y episodios que han puesto en cuestión la ejemplaridad de quienes debían representar a los ciudadanos.

Y así nació, en nuestra particular ficción satírica, una nueva organización mafiosa con denominación de origen española: el P.S.O.E., acrónimo de Patto Segreto, Oro Estorto, cuya traducción libre sería Pacto secreto, oro extorsionado.

Al frente, el capo dei capi, Pedro Sánchez. A su alrededor, una peculiar familia en la que encontramos a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, Juan Manuel Serrano Quintana y otros personajes que han ido apareciendo en distintas investigaciones y controversias.

Y, como veterano consejero de esta particular familia, un viejo conocido: José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno socialista. Una familia numerosa, sin duda. Y con una particularidad: sus miembros parecen tener una extraordinaria facilidad para encontrarse en el centro de los problemas.

Como cualquier organización que aspire a controlar un territorio, lo primero era hacerse con el mando. Y, para ello, había que ganar las primarias socialistas de 2014.

La historia de aquellas primarias y las controversias posteriores sobre la custodia y el recuento de los votos forman parte de la memoria interna del PSOE. Pero, en nuestra particular versión mafiosa, la urna adquirió poderes sobrenaturales: aparecía, desaparecía y se trasladaba de un lugar a otro con una facilidad que habría despertado la admiración del mismísimo Houdini.

La famosa urna voladora se convirtió así en uno de los elementos más pintorescos de la leyenda sanchista.

Sin embargo, el primer asalto al poder no terminó como estaba previsto. Determinados dirigentes socialistas comenzaron a cuestionar el rumbo que Sánchez pretendía imprimir al partido, especialmente su disposición a explorar acuerdos con fuerzas independentistas y formaciones herederas del entorno político de ETA.

Tras perder las elecciones generales de 2016, Sánchez se negó a facilitar la investidura de Mariano Rajoy mediante la abstención socialista. La crisis interna terminó con su dimisión como secretario general.

Pero un auténtico capo no abandona su negocio por un contratiempo. Se subió a un Peugeot —que en esta historia merece casi tanto protagonismo como los personajes principales— y emprendió una gira por España acompañado de sus colaboradores.

Reuniones, llamadas, apoyos, compromisos y promesas. Una operación de reconquista que culminaría en las nuevas primarias de 2017. Y, una vez más, la urna volvió a convertirse en protagonista de las controversias y sospechas que rodearon aquel proceso.

Sánchez recuperó la Secretaría General. Había vuelto. A partir de entonces comenzó la reorganización de la familia. Algunos adversarios internos fueron apartados; otros encontraron acomodo en puestos de responsabilidad, y no faltaron quienes vieron cómo sus expectativas políticas se materializaban con el paso del tiempo.

El capo había recuperado el control de la organización. Ahora faltaba conquistar el territorio nacional.

La Moncloa, el gran negocio

Llegaron las elecciones generales de 2023. El PSOE no obtuvo la victoria, pero Sánchez encontró la fórmula para alcanzar nuevamente el poder. Para ello necesitaba reunir una coalición parlamentaria tan heterogénea como extraordinaria: los herederos políticos de ETA, los independentistas catalanes de Junts y Esquerra Republicana, los nacionalistas vascos, los comunistas y otras formaciones que terminaron convirtiéndose en imprescindibles para su investidura.

Y aquí apareció una de las grandes especialidades de la casa: negociar.

Amnistía, concesiones políticas, compromisos territoriales y acuerdos de difícil encaje con el discurso que el propio Sánchez había mantenido hasta entonces. Lo que ayer era inadmisible se convirtió en imprescindible. Lo que ayer era una línea roja, hoy era una alfombra roja hacia la Moncloa.

La familia había conseguido su objetivo. Y, desde nuestra particular ficción mafiosa, comenzaba la fase de expansión del negocio.

Primero llegaron las mascarillas y el material sanitario durante la pandemia de COVID-19. Después, los contratos públicos, las comisiones presuntamente irregulares investigadas judicialmente, los intermediarios y las relaciones personales y políticas que han ido apareciendo en las distintas diligencias.

El caso de Koldo García, las investigaciones relacionadas con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, la figura de Víctor de Aldama y las pesquisas sobre adjudicaciones y contratos públicos han dibujado un panorama que merece una explicación exhaustiva por parte de quienes han tenido responsabilidades de gobierno.

También hemos conocido el rescate de Air Europa, con cientos de millones de euros de dinero público, así como las controversias sobre la intervención de personas próximas al poder político.

Y no podemos olvidar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, cuya actividad profesional y empresarial ha sido objeto de investigaciones judiciales y de una enorme controversia política. La Justicia deberá determinar las responsabilidades que correspondan, pero la exigencia de transparencia no puede considerarse una ofensa.

Tampoco podemos pasar por alto las investigaciones y polémicas relativas a determinados nombramientos, contrataciones y relaciones de influencia en las instituciones públicas.

En cualquier democracia mínimamente exigente, semejante acumulación de episodios debería provocar una profunda crisis política. Pero, en la familia P.S.O.E., parece que la palabra «dimisión» tiene una traducción muy particular: resistencia.

Cuando la Justicia llama a la puerta

Toda organización que se acostumbra a ejercer el poder sin controles suficientes termina olvidando que existen instituciones que no están a su servicio. Y entonces aparece la Justicia.

Las investigaciones policiales y judiciales han ido colocando a diferentes protagonistas de esta historia bajo el escrutinio de los tribunales. Algunos han sido detenidos; otros, investigados o procesados, y otros permanecen bajo sospecha en procedimientos todavía abiertos.

Cada uno deberá responder por sus propios actos y serán los jueces quienes determinen las responsabilidades.

Pero hay algo que resulta especialmente preocupante: la reacción política ante quienes investigan. Las críticas a jueces, fiscales, policías y guardias civiles que desarrollan su trabajo no pueden convertirse en una estrategia para desacreditar a las instituciones cuando sus actuaciones resultan incómodas para el poder.

En nuestra particular familia mafiosa, cualquier investigación parece interpretarse como una declaración de guerra. Y, si hablamos de relaciones exteriores, tampoco faltan episodios difíciles de explicar.

Ahí está Marruecos, con sus intereses estratégicos sobre el Sáhara y sus reivindicaciones históricas, y ahí está la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron irregularmente la frontera en medio de una situación de extraordinaria gravedad.

España necesitaba firmeza, claridad y defensa de su soberanía. Sin embargo, la política exterior del Gobierno ha generado interrogantes que siguen mereciendo explicaciones.

¿Desde cuándo las relaciones con un vecino deben gestionarse olvidando los intereses nacionales?

El país de los milagros

Mientras tanto, España ha tenido que afrontar tragedias, emergencias y episodios de enorme gravedad: la DANA, los incendios forestales, el apagón eléctrico generalizado y los accidentes ferroviarios.

Cada tragedia tiene sus propias causas y exige investigaciones rigurosas. No se puede atribuir automáticamente cada desgracia a una responsabilidad gubernamental. Pero tampoco se puede aceptar que la acumulación de fallos, la falta de previsión, las deficiencias de coordinación o la ausencia de explicaciones suficientes queden sepultadas bajo una montaña de propaganda.

Gobernar no consiste en hacerse fotografías, organizar actos propagandísticos ni repartir responsabilidades entre administraciones cuando las cosas salen mal. Gobernar significa prevenir, gestionar, proteger y responder. Y, cuando las instituciones fallan, alguien debe asumir las consecuencias.

Pero nuestro particular capo parece tener una especial habilidad para sobrevivir políticamente a cualquier contratiempo. Ni los escándalos, ni las investigaciones, ni las derrotas parlamentarias parecen alterar su determinación de permanecer en el poder.

Hasta que la realidad termina imponiéndose. La aritmética parlamentaria se ha convertido en una pesadilla. Los socios exigen, los aliados amenazan, los compromisos se acumulan y la estabilidad gubernamental parece depender de una negociación permanente.

Y entonces escuchamos aquella célebre advertencia de Pedro Sánchez: «Si no es de una manera, pues será de otra». Una frase que, en nuestra particular película de mafiosos, podría figurar perfectamente en el guion del padrino.

El final de la familia

Ahora los españoles se encuentran ante una encrucijada política de enorme trascendencia. El próximo 29 de noviembre, si finalmente se confirma la cita electoral a la que se refiere esta convocatoria, deberá hablar la soberanía popular. No hacen falta padrinos, capos, familias ni organizaciones que se crean propietarias del país.

España no es el territorio de nadie. No es una finca particular, ni un negocio familiar, ni una sucursal de intereses políticos y económicos. Es una nación de ciudadanos libres, con una Constitución, unas instituciones y un Estado de derecho que deben estar por encima de cualquier dirigente y de cualquier partido.

Si existen responsabilidades penales, que se investiguen, que se juzguen y que se castiguen conforme a la ley. Si existen responsabilidades políticas, que se exijan en las urnas. Y, si los ciudadanos deciden que quienes han gobernado deben marcharse, tendrán que aceptar el resultado.

Porque hay una diferencia fundamental entre una organización mafiosa y una democracia: en la primera manda el capo; en la segunda, manda el pueblo. Y ya va siendo hora de recordárselo a algunos.

En cuanto a nuestro particular P.S.O.E., Patto Segreto, Oro Estorto, solo cabe desear que esta tragicomedia política termine cuanto antes, que se conozca toda la verdad, que se depuren las responsabilidades y que España recupere la dignidad institucional que merece.

Y, si la historia de las mafias italianas nos enseñó algo, es que ningún padrino es eterno.

España no necesita otro capo. Necesita recuperar su país.