No se puede ser juez y parte

A la hora de impartir justicia, un juez debería tomar las decisiones con imparcialidad absoluta e inhibirse de juzgar aquellos casos en los que puede verse influenciado en razón de una serie de motivos entre los que, como en este caso en el que se ha visto afectado el PP, quien juzga es la misma persona que ocupó un puesto de alto cargo en la Administración de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Caridad Hernández García, ponente de la sentencia en la que se absuelve a los ex concejales de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Sánchez Mato y Celia Mayer, hoy asesores del Ministerio de Igualdad, fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia desde 2009 a 2012, año en el que fue cesada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Quienes la conocen subrayan que desde entonces «libra una batalla personal contra los partidos de centroderecha», explican a OKDIARIO fuentes judiciales. En estas circunstancias, Caridad Hernández debería de haberse inhibido, pero no lo hizo y su sentencia absolutoria de los ex concejales citados se presta legítimamente a la polémica. La recusación era otra vía que no fue explorada. ¿En sus argumentos ha podido primar más la ideología y su animadversión a los partidos de centroderecha que el objetivo análisis de los hechos? La pregunta no es baladí, visto el curriculum profesional de la magistrada y su orientación política.

Los ex ediles de Ahora Madrid estaban acusados de los delitos de malversación y prevaricación por encargar dos informes externos para poder querellarse contra el Partido Popular a cuenta del convenio para la celebración del Open de Tenis en Madrid que se firmó durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón. Según Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, habían detectado «irregularidades» en los contratos, en contra del criterio de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento.

De modo que contrataron a dedo y sin publicidad a una empresa afín para la puesta en marcha de una auditoría que examinara las supuestas anomalías del acuerdo del Open de Tenis. En total, fueron 50.000 euros que en el año 2017 salieron de las arcas públicas en beneficio de un bufete de abogados próximo a la ideología de la formación que entonces encabezaba Manuela Carmena. Posteriormente, se pagaron otros 50.000 por «anexos». Es decir, 100.000 euros empleados para poner en marcha una cacería contra el PP, saltándose los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Estos son los hechos. Sin embargo, la juez no observa delito alguno. ¿Será porque no quiere verlos?