No hay culpables sin pruebas, pero que no se escondan las pruebas

Establecer, sin matices, una relación causa-efecto entre el deterioro de la red ferroviaria y el trágico accidente que se ha llevado la vida de, al menos, 40 personas en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) sería seguramente tan injusto como negar que el siniestro se ha producido en un contexto marcado por las crecientes denuncias de abandono y falta de inversión en el mantenimiento de dicha red por parte de Adif, organismo dependiente del Ministerio de Transportes que lleva tras de sí una sombra de sospecha por el papel desempeñado por algunos de sus dirigentes en los recientes casos de corrupción vinculados al PSOE.

Desde luego que sería aventurado -y también injusto- afirmar que la creciente incapacidad gestora de sus responsables está detrás del accidente, entre otras cosas porque la investigación sobre las causas del mismo no ha hecho más que empezar, pero resulta indudable que la alta velocidad española -antaño orgullo nacional- ha sufrido un deterioro evidente, por mucho que el ministro del ramo, Óscar Puente, haya negado de forma reiterada lo obvio.

El hecho de que el siniestro se haya producido en un tramo cuestionado por sus deficiencias por expertos y trabajadores de Renfe obliga, por elementales razones, a demandar del Gobierno explicaciones y, sobre todo, absoluta transparencia, porque la investigación de lo ocurrido ni puede eternizarse ni, por supuesto, puede supeditarse a los intereses políticos del Ejecutivo, tan tendente a despejar de forma grosera sus responsabilidades. Una tragedia como esta no admite trilerismos partidistas, de forma que es indispensable, sobre todo por respeto a las víctimas y sus familias, trasladar toda la información de la que se disponga a la opinión pública.

Y, por supuesto, han de depurarse todas las responsabilidades, recaigan sobre quien recaigan. No vamos a culpar a nadie sin pruebas, pero tampoco vamos a aceptar que los culpables se diluyan con el paso del tiempo. Porque la muerte de al menos 40 personas no prescribe.