Ni referéndum no vinculante en Cataluña ni gaitas: es inconstitucional

El asunto del referéndum no vinculante con el que Pedro Sánchez intentaría ganarse el favor de Carles Puigdemont para ser investido presidente no tendría tampoco encaje constitucional, según la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que en caso de avalarlo -algo que en el tribunal descartan- entraría en contradicción consigo mismo. Ello es así porque el Alto Tribunal consideró en su día que no podían plantearse referéndums consultivos sobre asuntos en los que una de las respuestas pudiera chocar frontalmente con la Carta Magna. Asimismo, este tipo de consultas no pueden hacerse en un único territorio, ya que en el artículo 92 de la Constitución se habla de todos los ciudadanos.

En 2008, el Parlamento vasco aprobó una ley para celebrar el 25 de octubre una consulta «no vinculante» en la comunidad sobre el «derecho a decidir», entre otras cuestiones, pero esta medida -cómo han cambiado las cosas- fue recurrida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al Constitucional, que la declaró inconstitucional: «La cuestión que ha querido someterse a consulta de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco afecta (art. 2 CE) al fundamento del orden constitucional vigente (…) y por ello sólo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional». Más claro, agua.

Es cierto que Carta Magna contempla en varios puntos la posibilidad de celebrar referéndums en España, concediendo la «competencia exclusiva de ello al Estado», pero una consulta consultiva, por muy no vinculante que fuera, no tendría en este caso encaje legal porque la pregunta sobre la que versaría el referéndum de Cataluña tendría afectación sobre el resto de España, en tanto que lo que se sometería a consulta, nada más y nada menos, sería si los catalanes quieren romper el principio de la indisoluble unidad de la nación. De modo que esta vía que estaría barajando Pedro Sánchez sería manifiestamente ilegal, tanto como la amnistía.

Dicho esto, estamos hablando de Pedro Sánchez y su querencia natural a trampear el ordenamiento jurídico ha quedado de manifiesto.