Marlaska nunca dimite, dimiten las instituciones

Hay países donde las instituciones son como las catedrales: se las respeta aunque el sacristán resulte un sinvergüenza. Y luego está España, donde cada Gobierno parece convencido de que el Estado no es una estructura que administrar, sino una finca que ocupar.

Lo preocupante ya no es que pueda haber ministros imputados, asesores investigados, ex secretarios de Organización desfilando por los juzgados, en la cárcel o familiares del poder convertidos en argumento cotidiano de los informativos. Lo verdaderamente inquietante es que la sombra de la sospecha haya alcanzado el corazón mismo de una de las instituciones que más prestigio conservaba entre los españoles: la Guardia Civil.

La imputación de la directora general, Mercedes González, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, marca un antes y un después. No porque una imputación equivalga a una condena —conviene recordarlo siempre—, sino porque revela hasta qué punto el poder político parece haber confundido los límites entre gobernar y colonizar.

Resulta curioso observar cómo funciona la igualdad según el BOE sentimental del sanchismo. Cuando un guardia civil de rango medio aparece investigado, las suspensiones cautelares llegan con la puntualidad de un reloj suizo. Cuando quienes aparecen investigados ocupan los despachos más altos de la cadena de mando, el Gobierno descubre de repente la presunción de inocencia, la serenidad institucional y la necesidad de esperar acontecimientos.

La ley, al parecer, también entiende de escalafones.

Fernando Grande-Marlaska lleva años convertido en el ministro incombustible de las tempestades. Ha sobrevivido a ceses polémicos, rectificaciones judiciales, reproches parlamentarios, crisis migratorias, enfrentamientos con asociaciones profesionales y a un récord de reprobaciones parlamentarias difícil de igualar en la democracia reciente. Cada nuevo escándalo parece reforzarle como esos boxeadores que ya no distinguen un aplauso de un gancho al hígado. Y es que Fernando Grande-Marlaska acumula tres reprobaciones de las Cortes Generales. En cualquier democracia madura, semejante balance habría bastado para abandonar el ministerio. En la España de Sánchez, parece casi un mérito curricular.

Y ahí sigue. Como si nada hubiera ocurrido. Como si la erosión institucional fuese simplemente un ruido de fondo.

Mientras tanto, Margarita Robles representa la otra cara del Gobierno. La ministra que todavía conserva cierto crédito público porque, en comparación con el resto del gabinete, parece hablar el idioma de las instituciones antes que el de Ferraz. Pero precisamente por eso su responsabilidad resulta mayor. Porque cuando la sospecha alcanza a la cúpula uniformada de la Guardia Civil, ya no basta con mirar hacia otro lado esperando que escampe.

Así vemos atónitos que, mientras Fernando Grande-Marlaska acumula polémicas, reprobaciones parlamentarias y una gestión totalmente  cuestionada al frente de Interior, el silencio de Margarita Robles resulta ensordecedor. Otra jueza llegada a la política que, en la era Sánchez, parece haber sustituido la independencia de criterio por la disciplina del Consejo de Ministros. Cuando la sospecha, como digo, alcanza a la cúpula de la Guardia Civil, cuando las instituciones empiezan a verse salpicadas por investigaciones judiciales y el desgaste de la confianza pública, la ministra de Defensa calla. Y ese silencio no es neutral: también es una forma de asumir responsabilidades. Porque las instituciones no sólo se deterioran por quienes las utilizan políticamente, sino también por quienes, pudiendo defenderlas, optan por mirar hacia otro lado, ministra.

Pero estudiando este último planteamiento, el problema es mucho más profundo que un procedimiento judicial. Es una manera de entender el poder. Cuando cada organismo del Estado empieza a ser observado por el Gobierno como un territorio que debe ser colonizado —la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, RTVE, el CIS, empresas públicas, organismos reguladores y ahora la propia Guardia Civil— la democracia deja de parecer una separación de poderes para convertirse en una comunidad de propietarios donde el presidente pretende tener la llave de todos los buzones.

Y eso sí da miedo.

Porque las democracias no suelen morir entre tanques. Mueren entre nombramientos. Entre ceses discretos. Entre llamadas oportunas. Entre silencios comprados.

Entre la normalización de lo anormal.

Quizá por eso el mayor patrimonio de la Guardia Civil nunca fueron sus tricornios ni sus cuarteles. Fue la confianza de millones de españoles que veían en el Instituto Armado un cuerpo situado por encima de las trincheras partidistas.

Cuando esa confianza empieza a resquebrajarse, pierde la Guardia Civil. Pero pierde mucho más España. Y recuperar la credibilidad de una institución cuesta décadas. Perderla apenas necesita un Consejo de Ministros.