Ley de Nietos: el 99,7% de las nacionalizaciones se hizo en fraude de ley

No hay que ser muy sagaz para concluir que, si de 31.390 expedientes de nacionalización derivados de la Ley de Nietos, a petición del Tribunal Supremo, sólo se han emitido 91 certificados de personas que sí han acreditado el exilio de sus ascendientes, el proceso ha sido un absoluto fraude. No hay mucho más que decir, porque el porcentaje de nacionalizados legalmente —cumpliendo todos los requisitos— es, exactamente, del 0,28 % o, por decirlo de otro modo, los nuevos españoles en fraude de ley representan un 99,7% del total de expedientes revisados. Más claro, agua: el pucherazo que preparaba el Gobierno de Pedro Sánchez era total.

OKDIARIO aporta hoy algunos ejemplos: el consulado de España en Buenos Aires ha revisado los expedientes afectados por la suspensión del Tribunal Supremo a los nacionalizados por la conocida como Ley de Nietos. Entre las 10.500 concesiones de nacionalidad examinadas no se han encontrado «pruebas del exilio» de los antepasados. O sea, que en la inmensa mayoría de los casos no se había presentado documentación que justificase esta condición. Los escasos beneficiarios que sí lo hicieron aportaron pruebas que no podrían considerarse concluyentes.

No cabe culpar a los consulados, porque se limitaron a cumplir con la instrucción de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que alteró sustancialmente la Ley de Memoria Democrática que había sido votada por las Cortes. La ley reconocía el derecho a la nacionalidad a los descendientes de aquellos españoles que hubieran «sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual».

La hermana del ministro Óscar Puente firmó una instrucción que presumía la condición de exiliado a cualquiera que hubiese abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Sólo tenían que justificar la salida del país del antepasado. Por ahí vino el fraude y los números son incontestables, pues demuestran que el Gobierno preparaba un gigantesco pucherazo electoral.