La justicia acorrala al entorno de Sánchez: su mujer, su hermano, el fiscal general…

Pese a que sus mandados en el Ministerio Público y la Abogacía del Estado han intentado hasta última hora ganar tiempo dilatando el proceso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado todos los recursos y Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se encuentra a un paso de ser imputado por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado, por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

El TS está a la espera del informe de la Fiscalía sobre este asunto, pero el hecho de que el TSJM haya encontrado indicios de criminalidad en estas actuaciones y enviado una exposición razonada al más alto tribunal para que sea investigado abona el terreno para que Álvaro García Ortiz sea formalmente imputado y se convierta en el primer fiscal general del Estado de la democracia que tenga que enfrentarse a un proceso penal.

La Fiscalía trató de frenar este movimiento interponiendo un recurso en el que señala que durante la investigación se han «omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas por el Ministerio Fiscal». Es decir, quería que se realizasen más pruebas. Lo que viene a ser marear la perdiz. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, no está por la labor y es claro: «La investigación desarrollada, con el resultado que obra en las actuaciones, no han desvirtuado dichos indicios de criminalidad, incluso, sin la intención de hacer una calificación típico penal concluyente, se mantendrían a partir de las propias manifestaciones de Álvaro García Ortiz, que por mor de su aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hace necesario que sean examinadas y eventualmente calificadas por dicho Alto Tribunal». Más claro, agua.

O sea, que el hombre encargado de velar por el Gobierno de Pedro Sánchez, aun a costa de triturar la ley, se enfrenta a un sombrío horizonte penal. Algo sin precedentes que revela hasta qué punto Álvaro García Ortiz llevó más allá de la legalidad su colaboración y sometimiento al Gobierno