La inmigración irregular y masiva: grave problema político nacional
Lo sucedido estas semanas en las localidades murcianas de Torre-Pacheco y Jumilla ha puesto de relieve una situación que está llamada a ser un grave problema de convivencia a nivel nacional e incluso todavía mucho más grave, si no se toman las medidas adecuadas para su adecuada corrección.
Es sabido que su origen se encuentra en una creciente inmigración magrebí que está provocando tensiones entre la población autóctona y los migrantes llegados y que no se muestran susceptibles de integración en la sociedad de acogida. Hablamos de inmigración magrebí para distinguirla de la procedente de otros orígenes que permiten -si existe por su parte esa voluntad- una adecuada integración social.
Basta aproximarse a cualquiera de los numerosos municipios de España donde esa inmigración es una evidente realidad, para acreditar que de hecho conforman auténticos núcleos humanos aislados del resto de la población autóctona. Y no por un rechazo hacia ella por parte de ésta, sino por voluntad propia de los migrantes, unidos entre sí por unos lazos no sólo familiares, sino sobre todo culturales y religiosos, que no la facilitan sino que la dificultan.
A estos efectos es preciso tener presente que los principios y valores propios de esa cultura y religión son no sólo distintos, sino en buena medida contrarios a la hispana. Las raíces cristianas sobre las que se ha edificado la civilización occidental han tenido en España un protagonismo muy singular dado que Hispania, primero romana y luego visigótica, experimentó una auténtica invasión -y no precisamente pacífica- procedente de ese origen desde principios del siglo VIII y que no concluyó hasta pasados prácticamente ocho siglos, en 1492. Ese acontecimiento de nuestra historia, conocido como la Reconquista, hoy es considerado por la cultura progresista y woke, tan «políticamente correcta», como «xenófoba y racista», en una palmaria prueba de su absoluta ideológica ignorancia.
España, precisamente por esa experiencia, tiene acreditada su capacidad de convivir con gentes de todas las culturas y razas, que lleguen con voluntad – eso sí- de convivir, y no sólo de coexistir, y mucho menos de imponer, sus costumbres, su cultura y sus valores. El hecho de ser potencia mundial en acogida del turismo es un ejemplo palmario de ello, incluso duplicando en cifras anuales a la misma población española. Y son personas procedentes de todo el mundo, que destacan la amabilidad y sociabilidad española.
Pero el episodio de Jumilla ha tenido una derivada lamentable que lo ha convertido en noticia de singular interés político nacional. El motivo ha sido el cruce de acusaciones no sólo entre la coalición progresista sanchista y los partidos PP y Vox, promotores de la iniciativa que prohibió la celebración de ceremonias religiosas del Islam en el polideportivo municipal, sino entre la misma Conferencia Episcopal Española y Vox. Por cierto, la ceremonia de la matanza del cordero, de profundas raíces judías y musulmanas, no es precisamente agradable para la sociedad actual, y su desarrollo en ese lugar no hubiese sido precisamente bien acogida.
La CEE hizo un comunicado oponiéndose a esa decisión, poniendo en valor que la libertad de creencias y de la expresión pública de su culto, es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de DDHH. Lo cual es cierto, pero ello para oponerse a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir esos actos en ese recinto. Lo cual olvida que el culto público, como es lógico, debe ser compatible con el ejercicio de otros derechos (también humanos), para lo cual la ley y la autoridad competente en cada supuesto dicta las normas adecuadas. Esa declaración ha sido cuando menos imprecisa e inoportuna, dado que no era la religión católica la afectada por esa regulación, y que por medio de la Comisión Islámica protestó. Si esa intervención de la CEE no fue acertada, la respuesta de Vox tampoco, al aludir a la «pederastia y la financiación» como causa de la misma. Por cierto que es el argumento que la izquierda radical y atea suele utilizar para criticar a la Iglesia. El resumen es que la Iglesia se encuentra en medio de un debate político, lo cual no es su misión. Y un debate -el de la inmigración irregular y masiva-, que va a ser muy importante y tenso en España. Que se juega su futuro.
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