Opinión
CARPE DIEM

Una gota de agua en el mar

Nada como ser optimistas. El conseller socialista de Movilidad y Vivienda del Govern balear, Josep Marí Ribas, en un alarde de sinceridad matizada, admitió en el Parlament balear, que la previsión que hizo el pacte de Progrés de construcción de viviendas públicas fue demasiado optimista, si bien expresó su satisfacción por lo conseguido hasta el momento: haber construido una tercera parte de las 1.800 VPO prometidas. O sea, que el que no se conforma es porque no quiere.

A este fracaso hay que añadir que durante estos felices siete años han llevado a cabo políticas tan restrictivas en materia de desclasificación de suelo que, además de la falta de viviendas, han logrado el éxito añadido de haber convertido a Baleares en la comunidad con el precio de la vivienda más caro de España. ¿Hay quien dé más?

Mientras tanto hoy en día, según sus propias estadísticas, más 8.000 personas se encuentran en lista de espera para acceder a una vivienda pública. O sea, que el pacte que nos gobierna, se supone que de izquierdas, aunque cabe dudarlo con fundamento, o en todo caso achacable a su incompetencia, no ha sido capaz de construir las viviendas protegidas prometidas y además ha eliminado buena parte del suelo para edificar, restringiendo cada vez más las posibilidades de construir logrando que Baleares sea la región de España con la vivienda más cara.

Resultado, comprar una vivienda en Baleares a un precio razonable se ha convertido en uno de los principales problemas. Tanto es así que el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios ha calculado que en Baleares actualmente se necesitan 16.000 inmuebles a precios asequibles -entre 200.000 y 300.000 euros- pero ha advertido de que no hay.

Y hete aquí finalmente una perla. Buceando en las hemerotecas resulta que, en 2006, el entonces ministro de Defensa firmó un compromiso para la construcción de viviendas sociales en Son Busquets. Hoy, 16 años después dos ministras de Sánchez han firmado otro convenio para construir allí 800 viviendas sociales, admitiendo, vaya, que la oferta de vivienda pública por parte del Govern no es suficiente y, acertadamente, es una gota de agua en el mar.

Resumiendo, Baleares no solo ha sido la comunidad autónoma en la que se ha puesto en marcha menos vivienda pública, sino que sus gobernantes han logrado, mediante la eliminación de suelo urbanizable, que la vivienda libre también resulte ser la más escasa y cara. O sea, un éxito apoteósico.