El Gobierno pretende imponer la dictadura sindical

La reforma laboral del Gobierno socialcomunista pretende imponer la dictadura sindical, por la vía de convertir a los sindicatos más representativos en figura obligatoria de cualquier comisión negociadora, aunque UGT y Comisiones Obreras no tengan representación en las empresas. Actualmente, ese papel lo desempeñan tres personas trabajadoras de la compañía elegidas democráticamente, pero Yolanda Díaz pretende introducir un cambio sustancial que constituye un auténtico escándalo. Tal como está redactada la propuesta del Ejecutivo, UGT y Comisiones Obreras formarán parte obligatoriamente de todas las comisiones negociadoras en aquellas empresas que no cuenten con representantes legales de los trabajadores, puesto que se afirma taxativamente lo siguiente: «En los centros en los que no exista representación unitaria se creará una comisión sindical integrada por los sindicatos más representativos (UGT y Comisiones) y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación». Dicho de otro modo, que el Gobierno se inventa una legitimación sindical fantasma para otorgar a UGT y Comisiones Obreras un papel preferente, aunque carezcan de representación sindical.

La pregunta es obvia: ¿Con qué criterio el Ejecutivo decide que los sindicatos de izquierdas se arroguen una condición de representación que no les corresponde? Lo que pretende el Gobierno es un atentado en toda regla contra la libertad sindical, un derecho fundamental de los trabajadores para defender sus intereses comunes. Los pilares de este derecho se fundamentan, entre otros, en la representación, que no puede ser impuesta por el Gobierno en tanto que la misma es reflejo de la decisión de los trabajadores. Lo que pretende Pedro Sánchez es intervenir las empresas por la vía de otorgar a sus sindicatos afines una representación «fake», lo que revela una pulsión totalitaria ante la que la CEOE no puede, bajo, ningún concepto, pasar por el aro. Porque eso sería tanto como permitir que los submarinos sindicales del socialcomunismo se colaran en los negocios de miles de españoles.