Finlandia muestra cómo frenar la inmigración ilegal

Escandinavia ha sido el paraíso soñado durante décadas para los españoles. Para ese Alfredo Landa que tantos llevan dentro, las suecas en bikini. Para los socialistas, unos Estados del Bienestar que tutelaban a los ciudadanos desde la cuna a la tumba. Para los cortesanos borbónicos, una confirmación de que las monarquías podían convivir con gobiernos de izquierdas.

También ha pasado a ser un modelo para los liberales y conservadores. Se ha reformado de tal manera el sector público que en varios países de esta región se ha aprobado el copago en los medicamentos y la competencia entre las escuelas. Se ha reintroducido el servicio militar en Suecia y ampliado en Noruega. Los Gobiernos escandinavos, ya todos miembros de la OTAN, han formado una fuerza aérea combinada frente a Rusia.

Por último, se han hartado del modelo multicultural. Algunos de ellos están arremetiendo contra la inmigración ilegal con medidas que a sus viejos admiradores españoles les causarían asombro. Por ejemplo, a finales de noviembre los ministros de Justicia de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia firmaron un acuerdo de cooperación para agilizar las deportaciones de extranjeros sin permiso de residencia. Y fijémonos a continuación en unos de ellos.

En Dinamarca, un Gobierno de socialistas y liberales ha empezado a aplicar un programa para evitar los guetos de extranjeros, que consiste en desmantelar los barrios con bajos ingresos y más de un 30% de población foráneo y trasladar parte de sus habitantes a otros lugares.

La cuarta parte de los 10,3 millones de habitantes de Suecia tiene orígenes extranjeros, que no se limitan a Polonia, Finlandia o los Balcanes, sino a que alcanzan a Afganistán, Siria, Irak, Pakistán, Irán… Ante el crecimiento de la delincuencia sexual, el narcotráfico y la violencia de las bandas (la mayoría de cuyos miembros son extranjeros o descendientes de estos mismos), el Gobierno sueco, dirigido por el centrista Ulf Kristersson, y mantenido en el Parlamento por el partido de derecha Demócratas Suecos, ha establecido límites al asilo y ha fomentado la vuelta a sus países de origen de los inmigrantes.

En consecuencia, las solicitudes de asilo se han desplomado y el número de nuevos inmigrantes es inferior al de emigrantes. Mientras tanto, en España el Congreso (salvo Vox) aprobó el inicio de los trámites para la regularización de 900.000 inmigrantes indocumentados. La más interesante de las medidas para contener la inmigración es la que acaba de tomar el Gobierno de Finlandia, formado por cuatro partidos que van del centro a la derecha identitaria, representada por el Partido de los Finlandeses.

Ante el uso por parte de Moscú de los inmigrantes como arma de guerra, cosa que ya pasó hace un año, el Parlamento finlandés aprobó en julio una ley que autoriza a los guardias a rechazar a quienes intenten entrar en el país desde la frontera con Rusia, de más de 1000 kilómetros.

Y en noviembre pasado, el ministro de Comercio Exterior y Desarrollo, Ville Tavio, miembro del Partido de los Finlandeses, anunció la suspensión del programa bilateral de cooperación al desarrollo con Somalia, porque el gobierno de este país africano se negaba a aceptar la repatriación de ciudadanos suyos. Hasta ahora, Helsinki enviaba anualmente entre ocho y nueve millones de euros a Somalia, pero ha cerrado el grifo, aunque se mantiene la ayuda humanitaria, con el respaldo a las omnipresentes ONG, que no pueden sobrevivir sin el dinero público.

Por pequeñas que sean las cantidades de personas y dinero afectados, es una acción radical. En vez de ceder al chantaje de Turquía, Marruecos, Libia, Senegal o Mauritania, como hacen la Unión Europea y varias naciones europeas, abonando cientos de millones para que los gobernantes africanos y asiáticos finjan controlar la inmigración, Finlandia abre el camino a emplear los fondos públicos (que provienen de los ciudadanos europeos) como arma, no como soborno. Su mensaje es: «Si no cumples con tus obligaciones, no esperes nada de nosotros».

Semejante medida la podría aplicar España, con quien se presenta en la publicidad turística como «el vecino amable del sur». Marruecos es el origen de la mayor colonia de extranjeros residentes entre nosotros y también del mayor grupo al que se le concede la nacionalidad española; y a la vez el país del que parten más inmigrantes ilegales. Sin embargo, el régimen marroquí se niega a cumplir el acuerdo de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente (1992), a aceptar la devolución de menores y a controlar sus fronteras.

La cuantía de la ayuda oficial al desarrollo que recibe Marruecos de España es casi imposible de conocer, pues, aparte de los organismos públicos nacionales, también la conceden las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos. ¡Qué generosidad con el dinero ajeno! Para hacernos una idea de su magnitud, sepamos que entre 2017 y 2021, los Gobiernos nacionales, de Mariano Rajoy (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) han entregado al sultán de Marruecos 327 millones de euros, entre ayudas y créditos.
Los Gobiernos españoles nunca han respondido a la hostilidad de Marruecos como Finlandia a Somalia. Y de hacerlo apuesto que sus efectos nos sorprenderían para bien.