Estado, educación y familia

El Estado debe garantizar formación en valores y conocimientos a la comunidad de ciudadanos que forman la nación, con matices territoriales pero sin que ello perjudique la convivencia entre sus miembros. En España se comete el error de fraccionar la educación en 17 comunidades autónomas con materias no solo distintas sino muchas veces incompatibles, y se imparten en algunas de ellas enseñanzas contra la existencia de la nación. El principio constitucional de igualdad es incompatible con 17 exámenes de selectividad con muy distinto nivel de exigencia. Se están creando sociedades de imposible convivencia que se acabarán enfrentando. La autonomía de cada región no es carta blanca para adoctrinar.

Los hijos no son propiedad de los padres pero menos son propiedad del Estado. Los padres son responsables de la educación de sus hijos y deben participar en ella. La exigencia del pin parental por Vox, la obligación del Estado de informar a los padres de las materias que imparte en las escuelas, ha provocado un debate muy necesario.

El Estado debe imponer la enseñanza en valores constitucionales, nacionales, occidentales, que se hayan establecido con un amplio acuerdo de la sociedad, obligando a seguir esas directrices a partidos de izquierdas o derechas que accedan al Gobierno. El Estado debe garantizar una enseñanza común en todo el territorio nacional que afecte a valores como el de la igualdad entre hombre y mujer, el respeto a las distintas opciones sexuales sean gais, lesbianas o heterosexuales, o contra el racismo y la homofobia. Esa enseñanza debe ser obligatoria y aplicable a toda la comunidad incluyendo también a personas de etnia gitana o a quienes profesen cualquier religión que no reconozca la igualdad del hombre con la mujer. Los padres tienen derecho a participar en la educación de sus hijos y deben impedir enseñanzas sectarias si el Estado o sus fracciones pretendiera utilizarlas en la educación pública. La religión, opcional, no obligatoria.

No se podrá enseñar en las escuelas que los blancos son una raza superior, que los gais o lesbianas son depravados o anormales o que los españoles son seres inferiores cuyos símbolos y lengua deben ser despreciados. Tampoco se podrá obligar en las escuelas a niños a desfilar vestidos de mujer porque les puede crear un trauma, ni se podrá explicar que ser gay y lesbiana es normal y ser heterosexual es machista, fascista o parte de eso que llaman el heteropatriarcado, sea lo que sea, algo despreciable.

Se utiliza un falso feminismo, feminazismo radical, como herramienta política a favor de teorías falsas que dividen la sociedad. En la historia de la humanidad las mujeres siempre han estado sometidas, humilladas, despreciadas por el varón, pero España es hoy una de las sociedades del mundo donde no es que tengan los mismos derechos, es que tienen, en algunos casos, más. Seguir aventando la lucha contra los hombres heterosexuales como si estuvieran en desigualdad es hipócrita, miserable y peligroso. No se puede mantener una confrontación ficticia para obtener privilegios en forma de subvenciones y chiringuitos en uno de los países con trato más igualitario y seguro para las mujeres. Es indigno y ruin esparcir odio y mentiras para conseguir dinero y poder.

Como este Gobierno ha nombrado a dos directoras generales que defienden ideas agresivas contra los hombres y la heterosexualidad, reconociendo una pederastia lésbica con una menor, nada mejor que el pin parental para evitar que esparzan sus sucias ideas a menores. Ni con permiso de las familias el Estado puede enseñar odio a los hombres, a España o a la libertad de ser heterosexual. Las leyes deben impedirlo.