La decisión de Sofía y el inevitable pucherazo

De momento ha terminado la controversia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional por el absurdo recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo. Pero el hecho de que sigan vigentes las medidas cautelares impuestas sobre el derecho a voto de algunos de los nacionalizados por la Ley de Nietos no significa, ni mucho menos, que se haya terminado con el problema de las nacionalizaciones ilegales y que se haya desactivado la operación de ingeniería social y la maniobra de manipulación de la base de electores, y por tanto del proceso electoral, a través del Censo de Electores Residentes-Ausentes (CERA).

No hace falta ser un jurista solvente, sino que basta con un mínimo de comprensión lectora para entender que la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es radicalmente ilegal por ir, no solo contra el espíritu de la Ley 20/22 (Ley de Nietos), sino contra su propia literalidad. Así, a través de la Instrucción de Sofía Puente, el Gobierno eliminó la expresa obligación legal de acreditar la condición de exiliados de todos aquellos que salieron de España entre 1936 y 1955, y, lo que es peor, se crea, de iure y de facto, un nuevo supuesto para la adquisición de la nacionalidad española: simplemente ser descendiente (hijo o nieto) de emigrantes españoles.

Pero la no intervención del Constitucional en el proceso judicial no se debe a la aberración jurídica de la instrucción de la hermana del ministro, sino que se debe a la inviabilidad formal de admisión de un recurso completamente extemporáneo que ni los cafeteros miembros progresistas del tribunal de garantías se han atrevido a obviar; y quizá también porque saben del limitadísimo efecto práctico que tienen las medidas cautelares dictadas por la Sala Tercera del Supremo.

A eso vamos:

Los consulados, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya arrastrado los pies durante varias semanas y no haya dado el soporte necesario, no van a tener tiempo y forma para comprobar si los nuevos nacionalizados han acreditado la condición de exiliados de sus ascendientes. Y la realidad es que, como ya se está evidenciando, prácticamente ninguno de ellos habrá presentado dicha justificación de exilio, simplemente porque, tal como señalaba la Instrucción de Puente para el nuevo supuesto que se inventó, no se les requirió cuando presentaron el expediente de nacionalización.

Además, las medidas cautelares inciden en el pernicioso efecto de la inclusión en el censo de los indebidamente nacionalizados, pero no en la causa del problema, que es la misma obtención de la nacionalidad. Y es que esas nacionalizaciones, además de otorgar el derecho a votar, tienen efectos de variada naturaleza y de enorme gravedad. Por ejemplo, el efecto racimo: los descendientes de los que se han nacionalizado (a través de este supuesto) están adquiriendo la nacionalidad española por el supuesto de filiación directa (no por la Ley de Nietos), y respecto a ellos y sus derechos, incluido el de votar, no aplica ninguna medida cautelar.

Como decíamos, no se está incidiendo en la causa del problema, y esos expedientes de nacionalización, a través del ilegal procedimiento de la referida Instrucción, no se han detenido. Solamente se está tratando de vaciar con cubos una piscina que continúa llenándose con un grifo que no se ha cerrado, y que, al contrario, hay muchos interesados en que incremente su flujo.

Porque, quieran o no verlo, los cagapoquito que se escandalizan porque se ponga en cuestión la limpieza del sistema, el desbarajuste montado desde el Gobierno solo responde a la intención de influir en las elecciones mal utilizando todas las herramientas, normativas o procedimentales, que tienen a su alcance. Límites éticos y convicciones democráticas ya sabemos que no tienen, y la estructura institucional cada vez encuentra menos formas de bloquear sus argucias.

Aunque cueste entender cómo es posible que haya tanto desavisado, el resultado de las elecciones será estrecho y se decidirá en márgenes en los que el voto exterior es posible que pueda influir. Habitualmente, el porcentaje de españoles no residentes que ejercía el derecho a voto era menor al 10%, pero los cónsules están diciendo que todo ha cambiado y que en esta nueva remesa están orientados, o adoctrinados, para ir a votar. En fin, que esto es como el tema de los pagos del Barça a Negreira: el pucherazo ya está cocinado; ya veremos si cumplen con su objetivo y los españoles nos lo comemos.