La cruzada de Més y la OCB contra el español

Lluís Apesteguia (Més) y Joan Miralles Jr. (OCB) han salido en tromba tras la decisión del Govern que capitanea Marga Prohens de eliminar el requisito del catalán en la sanidad balear. Apesteguia y Miralles coinciden en que suprimir el requisito de una de las dos lenguas cooficiales de las Islas supone una vulneración de los derechos de los ciudadanos al violar su derecho a utilizar el catalán en el ámbito sanitario. Ambos líderes insisten en que el catalán no es ningún obstáculo para la captación y la fidelización de los empleados sanitarios y que, en realidad, las dificultades provienen del elevado coste de vida y del difícil acceso a la vivienda en las Islas. Niegan por lo tanto la mayor: el problema no es el catalán.

Como de costumbre, Més y OCB hacen demagogia y mienten. Por varias razones. En primer lugar, los derechos no son absolutos en un Estado de Derecho salvo aquellos que se consideran fundamentales -aquí diríamos constitucionales- y que son exigibles ante los tribunales. El derecho a ser atendido en catalán reclamado por una minoría hiperventilada debe modularse con el derecho a una sanidad digna de la inmensa mayoría de los ciudadanos y este último pasa obligatoriamente por contar con suficiente personal sanitario, a ser posible de la máxima calidad asistencial. De ahí que el derecho «a ser atendido en catalán», una variante del aún más utópico y fantasmagórico derecho a «vivir plenamente en catalán», se decida en el ámbito estrictamente político y no judicial. Y como sabemos, tanto PP como Vox se comprometieron en sus programas electorales a eliminar este requisito en la sanidad balear.

En segundo lugar, Més y OCB faltan a la verdad cuando alegan que las dificultades para la atracción y fidelización de personal sanitario en Baleares no tiene nada que ver con el requisito del catalán exigido a los sanitarios. Prueba de ello es que, en la última convocatoria de febrero del año en curso, al Govern de Armengol del que formaba parte Més no le quedó más remedio que eximir del requisito del catalán a 248 médicos y enfermeras para cubrir la totalidad de las plazas convocadas. En 11 (ó 14, como se dijo al principio) de las 49 categorías convocadas había déficit de profesionales debido al catalán y, si bien es cierto que la mayoría de aspirantes a dicha convocatoria ya contaban con la titulación de catalán exigida, no es menos cierto que dicha titulación es una exigencia claramente disuasoria para muchos médicos y enfermeras que sin ella tal vez sí se presentarían. Por lo tanto, el catalán sí es un problema, tanto por el déficit de profesionales que conlleva como por la calidad de éstos. Es evidente que el catalán funciona como una barrera que impide la libre competencia en el mercado laboral de profesionales sanitarios, imposibilitando con esta restricción que en Baleares se presenten los mejores profesionales posibles. Tal vez la minoría catalanista valore más a un médico por su capacidad de hablar catalán que por su calidad asistencial. No creo que así sea para la inmensa mayoría de baleares, digan lo que digan Apesteguia y Miralles.

En tercer lugar, hay una razón práctica que no escapa a nadie. En Baleares, todo el mundo, incluso los balearohablantes más ancianos y aislados, entienden y saben expresarse en español. Si no perfectamente, al menos sí para darse a entender en español. Baleares es una sociedad bilingüe y diglósica, mal que les pese a los expertos lingüísticos de la UIB, a organizaciones al servicio de la izquierda como la OCB o a formaciones como Més cuya función primordial es salvaguardar el régimen de apartheid contra el español. Al catalanismo le molesta que exista una lengua koiné en la que nos entendemos todos los españoles, de ahí sus esfuerzos para erradicar el español de todos los ámbitos, al menos en los administrativos y oficiales controlados por el Estado. Naturalmente, el nacionalismo aspira a imponer el catalán en el resto de ámbitos privados y no estrictamente estatales, el problema es que no puede.

En cuarto lugar, el nacionalismo tiene la costumbre, tal vez por mala conciencia, de acusar al PP y sobre todo a Vox de sus propios pecados, en un ejercicio delirante de proyección psicológica y en un intento desesperado de embarrar el debate. Los liberales creen en el individuo como único sujeto de derecho, los nacionalistas en el Estado al que lo fían todo para imponer sus tesis. En este sentido, Més y Vox son antagónicos, como lo fueron en su día la OCB y el Círculo Balear, por mucho que los superficiales e ignaros nos digan todo lo contrario. Vox y el PP están a favor del bilingüismo en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. El catalanismo, no. Los primeros defienden la libertad individual y el bilingüismo para que los ciudadanos utilicen los dos idiomas según su conveniencia. Los catalanistas, por el contrario, defienden la imposición del catalán y la exclusión del español en todos los escenarios posibles porque entienden que el español es una lengua extraña a Baleares -a pesar de ser la más hablada con diferencia- y porque están convencidos de que el bilingüismo y la diglosia son la antesala de la desaparición del catalán, de acuerdo con las doctrinas de la sociolingüística catalanófona, unas teorías esencialmente idólatras del Estado sin cuyo concurso saben que no pueden conseguir nada.

La normalización lingüística es una gran falacia porque normaliza lo anormal y desnormaliza lo normal. Més y OCB son bastante parecidos a los fascistas no sólo por su mentalidad socialista – «Todo dentro del estado, nada fuera del estado, nada contra el estado»–, también por su concepción de nación orgánica que trasciende la vida y hacienda de sus individuos que deben sacrificarse en el altar de la lengua y, a la postre, de la nación étnica. Disfrazados de víctimas, nuestros nacional-socialistas quieren conformar una sociedad dirigida desde el poder estatal y que se someta al dictado de sus élites políticas e intelectuales en su afán por construir una nueva nación étnica en base a la lengua catalana.

En última instancia, el modelo de nuestros planificadores catalanistas consiste en deslizar a España hacia el modelo plurinacional de Bélgica donde, simplificando, existen dos comunidades lingüísticas voluntariamente separadas que han decidido no tener ninguna lengua en común. Flandes y Valonia son hoy dos naciones emocional y políticamente distintas, sin apenas vínculos entre sí. El resultado de sus políticas disgregadoras es que nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a durar Bélgica, un país que permanece de momento unido gracias a los lazos de la monarquía, la selección belga y el privilegio de contar con la capital de la Unión Europea. Un modelo a la belga es el modelo que anhelan Junts, ERC, PNV, EH-Bildu ó Més, abiertamente separatistas y progolpistas como sabemos. Su deseo no es otro que la destrucción de España destruyendo antes todos los elementos que nos unen.

Ya por último, resulta farisaica la retórica de Apesteguia y Miralles al referirse a los «derechos de los ciudadanos» cuando lo que siempre han defendido es el «derecho de la tribu» a imponer el catalán (lengua del territorio) a sus ciudadanos, la sumisión del individuo a un proyecto colectivo que le trasciende. El nacionalismo, como movimiento de raíces fascistoides, no tiene inconveniente en utilizar la mentira como instrumento y mutar de argumentario en función de cada situación y según la conveniencia del momento. Todo sea para imponerse a toda costa.

Cuando hablamos de sanidad, los catalanistas se ponen el traje de abogado y nos salen con el «derecho de los ciudadanos» a ser atendidos en catalán. Entretanto, en el ámbito de la educación, se cambian el traje de abogado por uno de sociolingüista con la corbata de un pedagogo para ignorar estos mismos «derechos» lingüísticos de los ciudadanos porque creen que deben supeditarse a la cohesión social, a la salvación de la lengua «minorizada» o al «necesario» dominio de ambas lenguas oficiales cuando terminan la educación secundaria obligatoria. Incluso algunos, rizando el rizo en su paternalismo, justifican la exclusión del español en las aulas con el fin de que los alumnos hispanohablantes, por su propio bien y a veces contra su propia voluntad y la de sus familias, tengan el «derecho» (en realidad, una obligación) de dominar el catalán para salir adelante en una sociedad, la balear, que exigiría el dominio de las dos lenguas. La obligación de estudiar en catalán presentada como «derecho a aprenderlo» denota los ímprobos esfuerzos propagandísticos del nacionalismo para blanquear su discurso étnico y adaptarse al Estado de Derecho.

Sea como fuere, el nacionalismo, por imposición pura y dura o paternalismo bienintencionado, trata de impedir que el ciudadano pueda elegir su destino libremente, atenerse a las consecuencias de sus elecciones voluntarias y equivocarse tantas veces como fuera necesario. Se trata, como siempre, de que el omnisciente Estado paternalista sustituya a las ignorantes familias en su decisión de elegir la lengua -y en todo lo demás, desde la educación moral hasta la afectivo-sexual- para sus hijos. Ya se encargará este Estado (autonomía), en su fanático afán por corroborar la validez de sus teorías sociolingüísticas en la realidad, de realizar su propia profecía autocumplida, la de hacer necesario sí o sí el catalán, aunque sea artificialmente en un solo ámbito, la Administración, el único que controla en realidad.