Golpe definitivo a una ley que daba cancha libre a los okupas
Cataluña ensalza la delincuencia: tramita una ley para pagar un alquiler social a okupas
Los propietarios piden a Sánchez recurrir la ley catalana que paga un alquiler social a okupas
El Tribunal Constitucional ha asestado un golpe definitivo a ley catalana que daba a los okupas cancha libre para instalarse en una vivienda a cambio de un alquiler social. La ley obligaba a los propietarios a ofrecerles un contrato antes de recurrir a los tribunales. El tribunal deja así sin efecto una norma que era todo un acicate para legalizar de manera encubierta la okupación, al considerar el Tribunal Constitucional que la Generalitat de Cataluña ha invadido competencias exclusivas del Estado, por lo que la nulidad de la ley lleva aparejada la finalización de todos aquellos procedimientos administrativos iniciados por no cumplir los propietarios los requisitos fijados por el Ejecutivo autonómico. En esencia, el Gobierno catalán protegía y alentaba la okupación, un disparate que se traducía en que cualquiera podía entrar en casa ajena y forzar al propietario a que le ofreciera un contrato de alquiler social, por un importe inferior al del precio del mercado. En suma, se generaba una inseguridad jurídica de proporciones colosales al convertirse la Generalitat en colaboradora necesaria de las okupaciones. No es de extrañar que Cataluña lidere, de lejos, el ranking de okupaciones.
El problema, sin embargo, no termina con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque la inconstitucionalidad de la ley catalana no viene dada por el contenido de la misma, sino por afectar a cuestiones que son competencia exclusiva del Estado. Y Podemos, en el Gobierno de España, ha abogado por medidas similares a las del Ejecutivo catalán. El populismo y el golpismo comparten medios y fines, por lo que no es descartable que la barbaridad de la ley catalana tumbada por el TC encontrara reflejo una norma estatal. Y es que algunas de las propuestas podemitas en materia de vivienda representan una violación clamorosa del derecho a la propiedad privada. La ley de Cataluña, por fortuna para miles de propietarios expropiados por decreto, ha sido tumbada. Pero del Gobierno de España cabe esperarse cualquier cosa. Crucemos los dedos.
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