¿De la ciudadanía qué?

¿Qué tipo de democracia es la española? Parece una buena pregunta. El artículo 14 de la Constitución expone el concepto de ciudadanía, fundamental en un Estado de Derecho, al establecer: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Hay que tener en cuenta que el derecho de libre asociación solo es válido para fines lícitos.

Si se compara este estatus de ciudadanía con el que realmente existe en la actualidad se llega al absurdo. El artículo establece el criterio de que para que una ley sea válida en nuestro ordenamiento no debe discriminar en la ciudadanía española, tanto si esa ley es de ámbito nacional como regional.

Por analogía, las formas de gobernar tampoco deben de introducir discriminaciones entre españoles. Sin entrar en legislación igualitaria, que en sí es discriminatoria a secas y la denominada positiva más que cuestionable, está lo que podía denominarse discriminación por trueque, que es la que se practica en las Cortes cuando para aprobar presupuestos se cambian votos de partidos separatistas por privilegios regionales de tipo económico o trata e indultos a presos o mesas de diálogo sobre cómo erosionar el mandato constitucional. Todo ello está afectando gravemente al modelo constitucional de ciudadanía.

Resulta que para que se aprueben los Presupuestos Generales el marco negociador es del Gobierno con partidos regionalistas que aportan cada uno un porcentaje de voto poco representativo a nivel nacional, en derecho comparado domina un mínimo de representación del 5% para estar representados en el Parlamento. Así ERC aporta el 3,6% y el PNV 1,6% y con ellos se negocian favores territoriales e institucionales, cuando no el 1,15% de la población nacional que vota a Bildu impone como contrapartida a su apoyo favores penitenciarios para reclusos por asesinatos de ETA. Pregunta: ¿es esto un Estado de Derecho?.

No todos los españoles son iguales ante la ley en los Presupuestos Generales. Por cierto, los Presupuestos no apoyan ningún programa político preestablecido, pero permiten a sus aliados recibir mucho más y hacer de las suyas en sus territorios, como la aberración de impedir la enseñanza en español.

El tratamiento de la pandemia tiene también su truco. La cogobernanza, declarada formalmente inconstitucional, tiene graves efectos discriminatorios, como que un español enfermo deba ser atendido en su región, diferentes medidas para el mismo problema, etc. La pregunta es: ¿por qué el Gobierno no se hizo cargo de la situación a nivel nacional? No es admisible que haya un error de interpretación al confundir una competencia de gestión territorial, la sanidad, con una calamidad nacional, la pandemia, cuya dirección y gestión corresponde al Gobierno como responsable de la Seguridad Nacional. Puede que el pan para todos haya sido para evitar dar órdenes a la Generalidad catalana y así evitar malentendidos. Resumen: no todos los españoles son iguales ante la Ley.

También ha influido en la concepción y puesta en práctica de la cogobernanza la clara falta de preparación del Ejecutivo para hacer frente a este tipo de situaciones, pocas medidas efectivas y mucha propaganda. No se constituyó formalmente el Consejo de Seguridad Nacional y sí se anuncio la vigencia de un fantasmagórico Comité de Expertos.

Lo de permanecer en el Gobierno a toda costa tiene sus límites tanto legales como éticos. Cuando públicamente se promete cumplir la Constitución desde la gobernanza, no significa hacer lo contrario y predicar que se cumplimenta, como reflejan numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. En cualquier estado democrático, la declaración inconstitucional de los estados de alarma establecidos durante la pandemia acarrearía la dimisión del Gobierno.

Por otra parte, es materialmente imposible mantener la apariencia de una coalición gubernamental, pues los hechos demuestran que no siguen el mismo programa de gobierno y las discrepancias son permanentes y públicas. Además, existe la sólida apariencia, que tiende a evidenciar, que el Ejecutivo carece de colegiación. El ejemplo mas evidente es que cuando hubo la crisis de Gobierno, únicamente afectó a los ministros del PSOE.

Esta situación de acusada y permanente debilitación del Estado y fragmentación de la sociedad tiene sus consecuencias en el papel de España en el ámbito internacional. Un país que pone en grave peligro su permanencia como tal es presa fácil en la vorágine geopolítica que vive el mundo al convertirse en frágil e irrelevante. Es evidente que existe un gran déficit de compromiso moral del Gobierno con la nación española.

Esperemos que la ciudadanía reaccione, que se defienda de este desgobierno y exija una firme defensa del orden constitucional.