Celaá no sabe cómo funciona el Estado de Derecho

Isabel Celaá no está teniendo precisamente un estreno soñado en su cargo. La nueva ministra de Educación venía marcada por su periplo como exconsejera del Ejecutivo vasco (2009-2012), una etapa donde tomó decisiones tan polémicas como igualar a las víctimas del terrorismo y a los etarras en su plan de convivencia en las aulas vascas. Este viernes, y como portavoz del Gobierno, ha demostrado un absoluto desconocimiento de cómo funciona el Estado de Derecho al asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez iba a personarse en la causa contra los cinco miembros de La Manada para tratar de endurecer las penas. Algo que, como debería saber una ministra de España, no procede en absoluto. Para defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y ejercer la acción penal y acusación pública ya está el Ministerio Fiscal.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha tenido que dar una explicación pública para evitar el dislate de su compañera. Como bien ha dicho Delgado, la intervención del Ejecutivo no procede al tratarse de un procedimiento judicial «con sus normas y sus reglas». Cualquier Estado de Derecho que se precie ha de poseer una independencia judicial sólida para ser creíble. De otra manera, estaríamos hablando de un país bananero. Otra cosa es el pertinente debate sobre la necesaria reforma del Código Penal. En su propuesta sí debe entrar el Gobierno, como ha admitido la propia ministra Delgado. Una reforma que se hace imprescindible para castigar con mayor dureza los delitos contra la libertad sexual.

En ese sentido, lo primero que debería hacer el Partido Socialista es dejar clara su posición con respecto a la Prisión Permanente Revisable, algo a lo que se ha opuesto sistemáticamente. Además, la modificación del Código de Enjuiciamiento Criminal evitaría sentencias contradictorias como la de La Manada y la posterior puesta en libertad condicional de los cinco implicados. Sería conveniente delimitar de  un modo más claro qué es «abuso sexual» y qué «violación» y, a partir de ahí, depurar conceptos como «violencia», «consentimiento»o «intimidación». No obstante, una cosa es dotar de herramientas más precisas a los jueces y, otra muy distinta, incidir en su trabajo. Isabel Celaá debería saber esto, ya que está en la Constitución, sin necesidad de que Dolores Delgado se lo recuerde.