La agenda social será la tumba de Sánchez

Algún buen amigo bien informado como Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, cree honestamente que el presidente del Gobierno tiene asegurados dos años de fuerte crecimiento, lo que le permitirá llegar a las próximas elecciones de 2023 en unas condiciones envidiables y quizá volver a ganarlas si pensamos que la economía es un factor crucial a la hora de decidir el voto. Así extrae la conclusión de que corren malos tiempos para la oposición de Pablo Casado, porque las cuentas le serán esquivas. Pero mi amigo Sánchez es un optimista recalcitrante que además piensa que este Ejecutivo lo está haciendo más bien que mal.

Yo, en cambio, tengo una opinión muy diferente, y procuro nutrirme de fuentes igual de fiables que son sin embargo menos complacientes con el horizonte que nos espera. En los próximos días el Banco Central Europeo va a actualizar sus previsiones macroeconómicas y estas van a ser al alza en el conjunto de la zona euro. Pero me temo que va a lanzar una seria advertencia a los Estados miembros sobre su disponibilidad para seguir comprando de manera masiva e indiscriminada deuda pública y salvando la cara a los Estados, permitiendo que practiquen políticas fiscales insanas sin restricciones de tipo alguno.

El Bundesbank alemán, que es la entidad más importante del sistema de bancos centrales, lleva tiempo aclarando que el BCE no está para cuidar la solvencia de los Estados sino para controlar la inflación, que está al alza en toda Europa, y particularmente en España, donde puede acabar a final de año en el 3 por ciento. Es de la opinión, perfectamente fundada, de que los países más endeudados, como es el caso del nuestro, deben dejar de confiar en la política de dinero barato más pronto que tarde. Todo parece muy lógico. Si la UE en promedio va a crecer más y, adicionalmente, está acosada por la vuelta de la inflación, cabe concluir que las compras extraordinarias de deuda pública y la inyección masiva de liquidez al mercado están progresivamente perdiendo su razón de ser.

Este es un dato que creo que ignora mi amigo el periodista Sánchez y en el que tampoco parece haber reparado el presidente del Gobierno. Éste sigue persuadido de que los estímulos extraordinarios a la actividad económica continuarán sine die, así como la suspensión de las reglas fiscales que forman parte del entramado constitucional de la Unión Monetaria, pero tengo la impresión de que el sentimiento en la zona euro está cambiando aceleradamente y que los halcones se hacen oír con más intensidad que las palomas.

El Gobierno de Sánchez ha iniciado el nuevo curso con la agenda social por bandera. Yo creo que esta acabará siendo su tumba, igual que sucedió con Zapatero. El primer golpe en contra de las expectativas del mercado y de lo que espera de nosotros Bruselas ha sido la aprobación de la primera parte de la reforma de las pensiones. Sin ser un experto, para calibrar si va o no en la buena dirección, sólo hay que escuchar a los sindicatos. Si por ejemplo el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, escribe un largo artículo en el diario El País (25 de agosto pasado) haciendo la pelota al ministro Escrivá, es que la reforma será desastrosa para la viabilidad del presupuesto público y el futuro de las jubilaciones. No hay más vuelta de hoja. Esta es una cuestión matemática.

Si el señor Bravo defiende la revalorización de las pensiones según la inflación, que llegará a finales de año al 3%, y que el factor de sostenibilidad que instauró el PP de Rajoy para salvaguardar la consistencia del modelo está bien derogado, es que es un talibán. El señor Bravo, como el común de los mortales, desea cobrar cada vez una pensión más alta pero no repara ni parece importarle mucho si esto es posible desde el punto de vista presupuestario. Los números dicen que no. Así, la eliminación de cualquier clase de control sobre la evolución creciente y disparada de gasto del sistema -que es verdad que está pendiente de una segunda parte de la reforma que tendrá que aprobarse en el futuro- disparará las pensiones de todos de manera muy cuantiosa. Para financiar este dislate se acudirá al presupuesto público -algo irrelevante si se tiene en cuenta que las cuentas de la Administración del Estado finalmente se consolidan, y no tiene importancia el origen nutritivo del gasto- y sobre todo a las cotizaciones sociales, que ya son las más altas de la UE y que constituyen el impuesto más gravoso sobre el empleo que pueda imaginarse en el país con una de las tasas de paro más elevadas de todo el mundo desarrollado.

Pero la agenda social de Sánchez es más ambiciosa. Por eso sus peligros son incalculables. La vicepresidenta Nadia Calviño parece haber cedido a las insistentes presiones de los comunistas del Gobierno para elevar el salario mínimo, que tendría consecuencias desastrosas para la viabilidad de tantas compañías que sobreviven a duras penas; tenemos en todo su fragor el lío de los precios de la electricidad que no paran de subir, presionando al alza la inflación y mermando la cuenta de resultados de las empresas; la contumacia de Podemos, el socio de Gobierno, en controlar los alquileres, una iniciativa que de seguir adelante expulsará la inversión inmobiliaria; y por supuesto la subida del sueldo de los funcionarios, que combinada con la revalorización de las pensiones dejará al presupuesto exangüe. Todos los actos tienen sus consecuencias, y las de estos hechos o pretensiones todas ellas equivocadas las tendrán, y no serán para bien.

Acabamos de recibir 9.000 millones de euros de Bruselas que todavía no sabemos cómo se gastarán ni con qué garantías, y estamos pendientes de obtener más ayudas que estarán férreamente condicionadas a las reformas que exige la Unión Europea. Pero lo único que conocemos es el interés del Gobierno de Sánchez por deshacer las reformas que promovió el PP y que tan bien han funcionado hasta la fecha. Sabemos que desde que comenzó la pandemia el Gobierno ha contratado a 325.000 funcionarios más y también que la filosofía que inspira a nuestro presidente no es la de fraguar un país competitivo y excelente sino la de instalarnos en la trampa de la pobreza para seguir siendo dependientes del sostenimiento exterior y de la asistencia permanente e ilimitada del Banco Central Europeo. Creo, también honestamente, que a pesar de lo que diga mi amigo el periodista Carlos Sánchez, el horizonte de nuestro país tiene más sombras que claros, con independencia de que sirva electoralmente o no al PP de Casado. Esto es una cosa menor. Lo realmente inquietante es que no resulta muy halagüeño para los ciudadanos españoles.  La buena o mala marcha de la economía depende de las expectativas que generes entre los inversores, de fuera y de adentro. No creo que estemos atendiendo lo suficiente, como se merece, este principio inexorable.