Un acto de justicia que en el fondo favorece a la monarquía…

Desde que hace 11 años EL MUNDO/El Día de Baleares desvelara el ‘Caso Urdangarin’, el proceso judicial que ha concluido este viernes —el más importante en la historia reciente de España— ha supuesto un chequeo pormenorizado a la salud del Estado de Derecho. Una vez sabido el resultado de la sentencia, se puede decir que funciona con eficacia. Así lo demuestra el hecho de que Iñaki Urdangarin, parte de la élite social y cuñado del Rey, cargue ya de manera oficial con una pena de seis años y tres meses de cárcel. Hace tan solo un lustro —no digamos hace una década, cuando se descubrió este asunto— pensar que un miembro de la Familia Real podía ser condenado era casi una locura. No obstante, no nos podemos engañar: la sentencia ha sido benévola, cocinada bajo el fuego lento de una ingeniería judicial que la ha dejado en su mínima expresión.

Llama poderosamente la atención que Urdangarin sea condenado con tan solo seis años cuando la Fiscalía Anticorrupción pedía 19. Sobre todo cuando su socio, Diego Torres, ha recibido un castigo sensiblemente más duro con ocho años y seis meses de prisión pese a que el fiscal solicitaba tres años menos que para el marido de la infanta Cristina. A pesar de ello, el castigo para Urdangarin es considerable. Pasar más de tres años en prisión —como presumiblemente le sucederá al vasco— es un condicionante social y personal para el resto de su existencia. Demostración de que nadie es intocable ante la justicia en nuestro país. Una certeza, a la par que una garantía para todos los ciudadanos, de que el artículo 14 de la Constitución se cumple.

A ese respecto, es cierto que la exoneración de la infanta Cristina es cuestionable. A pesar de haber sido copropietaria de Aizoon S.L. y miembro del patronato del Instituto Nóos, la hija de Juan Carlos I tan solo tendrá que pagar una multa de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo de los delitos fiscales cometidos por su marido. Sin embargo, el desenlace de este proceso supone un innegable refuerzo para la imagen de la monarquía en España. Y la refuerza fundamentalmente el escrupuloso papel que ha desempeñado Felipe VI. Al contrario que el rey emérito, que trató de proteger a su hija hasta el final, el actual jefe del Estado ha hecho norma de la discreción sin ejercer la más mínima injerencia a lo largo de todo el proceso. Un comportamiento que potencia aún más la sólida credibilidad de su reinado, ya que el monarca ha demostrado con creces su respeto y equidistancia con respecto al criterio de la justicia.

De hecho, el Rey tomó la decisión de retirarle el título de duquesa de Palma de Mallorca a su hermana en el año 2015. Un comportamiento que define bien la integridad de una figura clave para la España actual. Felipe VI contribuye con su proceder a fortalecer la vigencia de nuestra monarquía parlamentaria. Un sistema de cuyo ejemplo depende gran parte de la estabilidad nacional. Especialmente en una época donde las amenazas del populismo y el independentismo, que tantas veces se dan la mano, ensombrecen nuestro porvenir. Ante el chantaje de esos agentes desestabilizadores, el Tribunal Supremo tendrá que andar con suma cautela. Si rebajara aún más las penas, podría, de manera indirecta, echar gasolina al fuego que intentan atizar los sectores más radicales de la sociedad española. Por lo tanto, y ya que la Audiencia Provincial de Palma ha dictado sentencia, sería importante que Urdangarin se mantuviera como esa necesaria demostración de que no hay nadie intocable ante la ley. Algo que, sin duda, es una buena noticia tanto para los españoles como para el sistema que nos cobija.

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