¿Se pueden limpiar bosques y montes? Así es el lío burocrático y normativo que alienta los incendios

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 02/09/2025 05:00
  • Actualizado: 02/09/2025 12:45

Mensajes como que «los bosques arden porque no se limpian» o que «está prohibido limpiar bosques porque lo dicen los ecologistas» han circulado de forma muy destacada durante la ola de incendios del pasado mes de agosto.

Parece fácil decir que hay que «limpiar» los montes, pero la realidad es mucho más compleja, tanto por la inmensa superficie forestal que tenemos en España, las distintas leyes y normas y por los trámites administrativos que hay que seguir para conseguir gestionar de manera adecuada los territorios.

Tras el paso de las llamas, todos los expertos, además de los implicados y afectados, coinciden en que hay realizar una gestión forestal de los montes, incluso las organizaciones ecologistas. Todos están de acuerdo que es necesaria por motivos de prevención, y más en el futuro, porque, según Naciones Unidas, los incendios extremos aumentarán un 14% para 2030, un 30% para 2050 y un 50% a final de siglo.

Falta de gestión forestal

Según Copernicus, con datos actualizados a día de hoy, han ardido 380.000 hectáreas, el peor registro del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFISS) desde 2006, una catástrofe alimentada por la larga ola de calor, las altas temperaturas y la abundancia de combustible, de vegetación acumulada por las intensas lluvias de antes del verano. Para encontrar un año con peores cifras de hectáreas quemadas habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437.602,50 hectáreas.

En medio de tantos incendios y de tantas llamas, se ha asentado la opinión de que la falta de limpieza, en términos más técnicos se habla de gestión forestal, y su ausencia ha sido la principal mecha que ha prendido y extendido muchos de los incendios que han calcinado España en agosto.

El coste de gestionar la prevención

Gestionar el monte y los bosques significa poder entrar a estos espacios públicos o privados y desbrozar, retirar restos de podas, eliminar maleza, en definitiva resolver de manera eficiente la biomasa acumulada. Y todo ello debería hacerse durante todo el año.

Y uno de los principales problemas de la prevención es su coste. Desde Greenpeace se apunta que «con una inversión de 1.000 millones de euros anuales en prevención y gestión de incendios forestales, el ahorro estimado sería de 99.000 millones de euros, es decir, un retorno del 9.900%».

Señalan que «esta cantidad permitiría gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas». Desde el Colegio de Ingenieros Forestales, por cada euro que se invierte en prevención, se reducen 100 en la factura de la extinción.

Una enorme superficie forestal

Según el último avance del anuario de estadística forestal de 2022, España cuenta con más de 28 millones de hectáreas de superficie forestal, muchas en zonas abruptas, alejadas y de difícil acceso. Estas cifras representan más del 55% del territorio nacional y convierte a España como el segundo país con más superficie forestal de la Unión Europea.

Pretender que todo este territorio reciba una protección activa y permanente es, en palabras del ingeniero forestal y analista internacional de incendios, Marc Castellnou, «una aspiración tan noble como irreal».

«Tenemos bosques que ya no están gestionados por las personas, sino por el azar; eso los convierte en bombas de tiempo esperando la chispa adecuada», explica Catellnou.

Normas y trámites

Pero entrar a «limpiar» el monte no es tan fácil, no sólo de forma física, también de manera administrativa, ya que hay normas y trámites burocráticos que deben realizarse antes de iniciar los trabajos.

Tampoco es sencillo gestionar «un territorio enorme que va creciendo año tras año», según nos comenta Lucas Ferrero, arquitecto técnico y presidente de la asociación La Culebra no se Calla, una entidad creada tras los incendios de esta sierra zamorana en 2022.

«Muchas veces me toca revisar, planos o fotos aéreas o de satélite de años de atrás. Si te metes en el Instituto Geográfico Nacional y miras las primeras fotos de mi pueblo, de los años 80 o 90, ves que hay un montón de terreno que está arado, pero arado y cultivado. Había cuatro árboles repartidos», explica Ferrero.

Problema público y privado

«Ahora, en las zonas de los valles, en las majadas, ves es una cantidad de masa arbórea ingente. Por lo tanto, lo que hace falta es una limpieza muy exhaustiva de todo lo que es el medio rural», detalla, añadiendo que, por ejempo «en estas zonas antes utilizaban la leña para calentarse en casa», algo que ahora no ocurre.

«También hay una problemática que ya no es sólo de lo público, también es de lo privado. Hay muchos terrenos que son de herederos desconocidos, de gente que vive en Madrid, en Barcelona… Entonces tú tienes tu parcela limpia, pero la de los vecinos está sucia, y si viene un fuego, pues arrasa la tuya igual», se lamenta.

Ley de Montes

Y en todo esta superficie de gestión forestal manda primero la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes que especifica que las administraciones públicas tienen la obligación de proteger los montes. Tras ella está el desarrollo de las normas de cada región autónoma.

Así lo recoge esta norma en su artículo 4 que expone que «independientemente de su titularidad», estos espacios «desempeñan una función social relevante» que deben ser obligatoriamente protegidos por las Administraciones públicas que deben velar «en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento».

En los montes públicos, las administraciones a nivel estatal o autonómico lo regulan en sus planes de prevención. En cuanto a las fincas, montes y terrenos privados, son sus propietarios los que deben ocuparse de su mantenimiento y las administraciones públicas las encargadas de vigilar que se cumpla esta gestión. Sin embargo, uno de los problemas que surgen es la falta de gestión en zonas privadas, que suponen el 70% de la superficie forestal en España.

No está prohibido limpiar el monte

Con la llegada del abandono rural, los aprovechamientos de los bosques y montes han ido desapareciendo y se impone una gestión diferente y preventiva. Sin embargo, para poder hacerlo, siempre hay que saber qué dice cada comunidad autónoma, ya que los criterios no son unánimes.

No está prohibido, pero sí pueden multar por no hacerlo o por hacerlo sin permisos. En Galicia, por ejemplo, los propietarios de terrenos forestales deben mantener sus parcelas limpias. Si no es así, pueden ser sancionados con hasta 3.000 euros.

Lo más común es que siempre que se tenga que hacer una actuación dentro de una parcela forestal y afecte a especies protegidas, se necesita pedir un permiso a la comunidad autónoma. Y es en este momento en el que la burocracia entra en juego.

Administración lenta

Y es que para realizar todos los trámites que llegan, los demandantes de estas actuaciones, agricultores, ganaderos, propietarios de cotos de caza o los que buscan edificar, se encuentran de manera frecuente con una administración lenta y con falta de personal técnico.

Lucas Ferrero nos cuenta que, en el incendio del 2022 de la Sierra de La Culebra, «al ganadero de las vacas de aquí del pueblo, que es un chaval joven, había solicitado el desbroce dos años seguidos y, el mismo día que le conceden el desbroce de 10 hectáreas se quema el monte. No tienen sentido estas cosas».

Por ejemplo, para cortar un árbol en una actuación de una constructora, aparte de solicitarlo con papeles, tiene que presentarse in situ un guardia forestal que debe decidir sobre el terreno.

Las administraciones alegan que las autorizaciones existen para que las tareas se hagan adecuadamente, no cómo el propietario entienda, aunque lleve muchos años en el territorio, y tiene sus fechas determinadas, como ocurre, por ejemplo, con las quemas controladas.

Problema social y ambiental

Sin embargo, los bosques y su combustible crecen y se acercan a los pueblos, se meten dentro de ellos incluso, lo que supone un factor de desprotección frente a los incendios. Pero los siguientes problemas son el coste de realizarlo, unos 700 euros por hectárea y que no haya mano de obra suficiente para realizar la limpieza.

«Los incendios forestales, como vemos, son un problema social y ambiental. Echamos de menos que se replique con la misma intensidad la necesaria prevención, y eso significa mirar el estado y necesidades de nuestras masas forestales, que son el escenario por donde transcurre el fuego», explica Mónica Parrilla de Diego, ingeniera técnica forestal y responsable de la campaña de incendios en Greenpeace.

«La gestión forestal será la clave para reducir la intensidad de estos incendios que se cobran vidas y destruyen nuestro patrimonio ambiental y cultural», señala la ingeniera.