El fútbol internacional asistió a un bochornoso espectáculo con la suspensión de la sanción a Folarin Balogun tras la intervención de Donald Trump ante la FIFA, un circo que escandalizó con razón a la prensa, pero que contrasta de forma sangrante con el clamoroso silencio que rodea los escándalos sistémicos que adulteran la competición en España.

La FIFA tomó la insólita decisión de dejar en suspenso la tarjeta roja directa que el delantero estadounidense Balogun vio en su último compromiso, permitiendo su participación en el importantísimo partido frente a Bélgica. El propio presidente estadounidense Donald Trump reconoció sin rubor públicamente haber telefoneado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle personalmente la revocación de la cartulina.

Aunque el máximo organismo del fútbol mundial se defiende amparándose en la supuesta independencia de sus comités disciplinarios, el peso de la injerencia política resulta tan evidente como vergonzoso. Esta maniobra pudo alterar por completo la planificación deportiva de una selección belga legítimamente indignada ante un precedente nefasto que deforma el sentido del deporte. Afortunadamente para ellos, emplearon toda esa rabia para firmar su mejor partido en el Mundial.

Lo verdaderamente llamativo de este sainete radica en la reacción de gran parte de los medios de comunicación y de determinados periodistas patrios. Se mostraron unánimemente demoledores y escandalizados ante esta intolerable adulteración, poniendo el grito en el cielo por una intervención política que pisotea el reglamento. Sin embargo, esa misma sensibilidad ética desaparece por completo cuando se trata de analizar lo que ocurre de manera continuada en el fútbol español. Es imposible no trazar un paralelismo directo entre la indignación que suscita lo de Balogun y la llamativa pasividad colectiva con la que se asumen los escándalos que salpican al Barcelona.

Un claro ejemplo de este doble rasero es la situación de Dani Olmo. El futbolista se encuentra compitiendo e inscrito en la Liga de manera estrictamente cautelar gracias a una resolución gubernamental dictada por el Consejo Superior de Deportes (CSD). La entidad azulgrana no cumplía los requisitos económicos obligatorios exigidos por la normativa para tramitar su alta federativa, y tras año y medio, ningún órgano jurisdiccional ha resuelto un caso que se mantiene en un limbo inaceptable.

¿Dónde está el escándalo de los periodistas que hace días se rasgaban las vestiduras con la FIFA? Del mismo modo, el fútbol español ha normalizado que una entidad que estuvo pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante diecisiete años continúe sin sufrir sanción alguna, a pesar de las múltiples falsedades vertidas y de haber sido incapaz de acreditar un solo trabajo real que justificase los millones desembolsados.

Esta alarmante impunidad se extiende a la ingeniería financiera del club. La directiva barcelonista diseñó una palanca ficticia con la venta de Barça Studios que con el tiempo se confirmó como un fraude contable absoluto. Gracias a esa operación que nunca se llegó a completar, el club pudo inscribir a futbolistas decisivos para la conquista de títulos nacionales. Mientras la UEFA ha emitido un comunicado sumamente crítico censurando la arbitrariedad de la FIFA en el caso Balogun, en el plano doméstico no se atisba la menor intención de actuar de oficio. Uno de los dirigentes hoy investigados en la trama arbitral, Albert Soler, desempeñó un alto cargo político en el CSD durante los meses clave en los que el escándalo se mantuvo convenientemente oculto a la opinión pública.

Ante la inacción de las instituciones deportivas españolas (personadas en el Caso Negreira, pero poco beligerantes), la única esperanza de justicia deportiva recae en los tribunales ordinarios y en la UEFA, que sí posee competencias directas sobre el Caso Negreira y ya cuenta con el expediente correspondiente sobre su mesa. Es imperativo que el periodismo patrio asuma de una vez su función social y deje de amparar con silencios cómplices una impunidad que devalúa y perjudica gravemente la credibilidad de toda la competición.