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La seguridad vial es un asunto de máxima prioridad en cualquier sociedad moderna, y las decisiones que toman las autoridades competentes deben basarse siempre en evidencias sólidas, datos contrastados y el consejo de expertos. Sin embargo, cuando estas decisiones se guían por otros intereses, como la recaudación económica o la simplificación administrativa, las consecuencias pueden ser trágicas. Éste es precisamente el caso de la eliminación del margen adicional de 20 km/h para realizar adelantamientos en carreteras convencionales, una medida introducida por la Dirección General de Tráfico (DGT) en España en el marco de la Ley 18/2021.
Pese a las advertencias de numerosos expertos en seguridad vial, esta reforma se aplicó sin respaldo técnico suficiente y, como han demostrado estudios recientes, ha tenido un efecto devastador. Lejos de mejorar la seguridad, el número de víctimas mortales en maniobras de adelantamiento ha crecido notablemente desde que se eliminó el margen de velocidad. La decisión habría tenido como objetivo optimizar el funcionamiento de los radares de tramo, priorizando la eficacia recaudatoria.
La reforma más polémica de la DGT
En 2022 entró en vigor una de las reformas más polémicas de la normativa de tráfico en España: la eliminación del margen de 20 km/h extra para adelantar en carreteras convencionales. Este cambio, incluido en la Ley 18/2021, afectaba a turismos y motocicletas, que hasta entonces podían rebasar momentáneamente el límite de velocidad para completar un adelantamiento de forma más ágil y segura. La medida fue criticada desde el primer momento por expertos en circulación vial, ingenieros y asociaciones de usuarios, que veían en ella una decisión contraria al sentido común y a la lógica de la conducción defensiva.
Un año después de su aplicación, los datos han confirmado los peores augurios. Según un estudio elaborado por Juan José Alba López, profesor de la Universidad de Zaragoza y especialista en análisis de siniestralidad, las muertes por adelantamientos en carreteras de doble sentido aumentaron un 54,5% entre 2022 y 2023. Un dato alarmante que pone en entredicho la idoneidad de una norma que, según reconoció la propia DGT, no se fundamentó en estudios previos sobre sus posibles efectos negativos en la seguridad vial.
El informe, titulado «+20; adelantar con seguridad», analiza con detalle los datos oficiales proporcionados por la propia Dirección General de Tráfico. El documento destaca no sólo el incremento de los fallecidos en accidentes por adelantamiento, sino también el aumento significativo de heridos. En el apartado de infracciones por adelantamiento antirreglamentario, la cifra de muertos se disparó de 13 a 29 en un año, lo que supone un incremento del 123%.
Este cambio normativo, lejos de simplificar la circulación, ha dificultado enormemente las maniobras de adelantamiento en tramos donde el margen de seguridad ya era limitado. Antes, los conductores podían utilizar ese extra de velocidad para volver rápidamente a su carril tras superar a un vehículo más lento. Con la nueva ley, deben completar la maniobra sin superar el límite legal, lo que implica permanecer más tiempo en el carril contrario y recorrer una mayor distancia, aumentando exponencialmente el riesgo de colisión frontal.
La lógica de quienes se oponen a esta medida es clara: cuanto menos tiempo se permanece invadiendo el carril opuesto, menor es el peligro. Adelantar de manera rápida y efectiva es clave para evitar accidentes en carreteras donde los márgenes de maniobra son estrechos y los errores se pagan caro. Sin embargo, esta evidencia fue ignorada por la administración, que optó por suprimir el margen de velocidad con el argumento de “armonizar” los límites y mejorar la eficiencia de los radares de tramo.
Ésta supuesta mejora en el control de velocidad se traduce, en la práctica, en una mayor facilidad para sancionar a conductores que hasta entonces podían superar el límite momentáneamente con total legalidad. Es decir, más multas y mayor recaudación. De hecho, fue el propio director de la DGT, Pere Navarro, quien admitió públicamente que la reforma se orientó a facilitar el funcionamiento de los sistemas de control automatizado, sin que existiera un estudio técnico que avalara su conveniencia desde el punto de vista de la seguridad.
Lo más preocupante de esta situación es que se haya priorizado un criterio económico por encima de la vida humana. La normativa anterior permitía una maniobra más segura y adaptada a las condiciones reales del tráfico, en las que un adelantamiento rápido muchas veces marca la diferencia entre un susto y una tragedia. Las cifras actuales muestran con claridad que la supresión de ese margen ha generado un repunte de la siniestralidad en este tipo de maniobras, que de por sí ya son las más peligrosas en carretera.
Desde el punto de vista técnico, no hay demasiadas dudas. Los expertos llevan años defendiendo que el adelantamiento debe realizarse de forma rápida, breve y con total visibilidad. Las condiciones ideales rara vez se cumplen en tramos de carretera convencional, donde hay curvas, cambios de rasante, limitaciones de visibilidad y otros elementos que dificultan estas maniobras.
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