COMUNIDAD DE MADRID

Lección de Ayuso a Sánchez: elimina la potestad del Parlamento autonómico para designar jueces

Ayuso jueces
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Paula Baena

La Asamblea de Madrid va a aprobar este jueves definitivamente la propuesta que tiene como objetivo eliminar la potestad de la Cámara autonómica de designar jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se trata de la iniciativa Legislativa propuesta ante el Congreso de los Diputados, mediante Proposición de Ley, para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Una ley planteada por el grupo parlamentario popular, liderado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que contará con el apoyo de Vox, después de que fueran incluidas sus enmiendas al texto.

De esta forma, la Asamblea de Madrid quiere dejar de designar una de cada tres plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Una vez aprobada esta iniciativa, la Cámara la remitirá como proposición de Ley a la Mesa del Congreso de los Diputados.

El proyecto de Ley que se aprobará este jueves comenzó su trámite en la Cámara regional en 2020 tras recibir, en abril de ese mismo año, el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, su aprobación se vio retrasada debido a las elecciones anticipadas autonómicas del pasado 4 de mayo de 2021, obligando por ley al nuevo Gobierno a remitir de nuevo a la Asamblea de Madrid el texto.

El Ejecutivo regional quiere que los magistrados sean designados exclusivamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), primando para acceder a dicho puesto tan solo los requisitos «de mérito y capacidad, reforzando la independencia de este órgano», afirman fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

Con esta medida, agregan, la «Comunidad de Madrid se suma a los postulados de la Unión Europea sobre las garantías que el Estado de Derecho debe articular, en referencia a las normas dictadas por un legislador nacional para con los procedimientos en el nombramiento de jueces, de tal modo que estos sean acordes con los estándares de independencia exigidos en el ordenamiento jurídico de la Unión».

Después de este trámite, la iniciativa se remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados. Y podría tener un alcance nacional, con un impacto evidente en otros parlamentos autonómicos. Dadas las actuales mayorías en la Cámara Baja -con PSOE, Podemos y sus aliados separatistas y proetarras-, es poco o nada probable que prospere. Pero sí obligará al Gobierno de Pedro Sánchez a retratarse. El Ejecutivo no ha tenido reparo en atacar la independencia judicial, llegando incluso a asegurar que a los jueces no los pueden elegir los jueces. Un hecho que tiene en alerta a la propia Unión Europea.

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