La justicia condena al programa ‘Mañaneros’ de Javier Ruiz por una información falsa sobre Ayuso

La Justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y ha condenado a RTVE y a su presidente, José Pablo López, en su demanda contra la televisión pública por difundir una información tendenciosa y no ajustada a la verdad sobre el Gobierno regional el pasado diciembre en su programa Mañaneros, presentado por Javier Ruiz.

La comunidad demandó al programa Mañaneros 360 por la emisión de un rótulo que vinculaba una subvención del Ejecutivo Regional al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con el papel de esta institución como acusación contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

«Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. «Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad», decía el rótulo que apareció en el programa de la pareja de Sarah Santaolalla el pasado 1 de diciembre.

El Tribunal de Instancia de Madrid n°72 estima en su sentencia la demanda de la Comunidad de Madrid y condena a emitir, «íntegramente sin comentarios ni apostillas», la lectura de una rectificación en Mañaneros sobre la concesión de una subvención anual al Colegio de la Abogacía de Madrid y acerca de su centro universitario adscrito a la Universidad Complutense, relacionadas ambas en el programa con el juicio en el Tribubal Supremo donde fue condenado el fiscal general del Estado.

El fallo, que condena también a pagar las costas a los demandados, estipula que la rectificación deberá difundirse en los tres días siguientes a la notificación de la sentencia «con una relevancia semejante a la de la noticia original» y en «el mismo horario».

Cuando RTVE hizo estas acusaciones, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, envió una carta al codirector de Mañaneros, Pablo del Pozo, donde esgrimía que la tramitación de ese centro universitario comenzó en 2023 y «ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente», contando con «todos los informes favorables».

En cuanto a la subvención, el consejero explicaba que corresponde a un abono correspondiente a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio que viene prestando y abonando a los colegios profesionales, entre ellos el ICAM, desde que la Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias en materia de Justicia.

«Cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde solo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al ICAM y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley», decía la misiva.