Ayuso recurrirá los decretos de vivienda si hay «invasión de competencias» por ser un «fraude y panfleto electoral»

• Pablo Romero-Salazar
• Periodista. Cubriendo la Comunidad de Madrid.
• • 07/10/2026 13:13
  • Actualizado: 07/10/2026 13:13

La Comunidad de Madrid recurrirá los dos decretos de vivienda que el Gobierno central volvió a aprobar este martes si sus servicios jurídicos concluyen que existe «invasión de competencias». Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, que ha calificado las normas de «fraude y panfleto electoral» y ha exigido «políticas eficaces».

«Estos decretos son un fraude, un panfleto electoral y darán la puntilla al mercado de la vivienda, a un mercado del alquiler que ya cuenta con 400.000 pisos menos desde que el actual Gobierno tomó las riendas del país», ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

García Martín ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez «casi 8 años sin políticas eficaces de vivienda» y que ahora improvise «un paquete de medidas que no pueden pagar porque no tienen presupuesto». Los servicios jurídicos de la Comunidad analizarán además si los textos vulneran «los derechos de propietarios e inquilinos».

El portavoz ha cuestionado también la vía elegida para sacarlos adelante. A su juicio, que la Diputación Permanente del Congreso termine convalidándolos sería «un fraude de ley y una estafa» a los españoles, cuya voz se defiende en un Parlamento que «ya dijo no a estos decretos».

¿Qué recogen los decretos?

El paquete se divide en dos reales decretos-ley. El primero concentra el grueso de las medidas: prorroga durante dos años los contratos de alquiler vigentes, incluye incentivos fiscales para pequeños propietarios y una moratoria de desahucios. A ello se suman el tope del 2% a las subidas de renta hasta finales de 2027, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y límites a ciertas compras de vivienda por parte de fondos, una deducción estatal de hasta el 10% para inquilinos con rentas bajas y préstamos sin intereses para adquirir la primera vivienda.

El segundo, impulsado por Sumar, establece la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, lo que en la práctica los convierte en indefinidos. Es el más discutido y, como novedad, solo entrará en vigor si lo convalida la Diputación Permanente, y no desde su publicación en el BOE.

Del Congreso a la Diputación Permanente

El Consejo de Ministros aprobó ambos textos por primera vez el 29 de septiembre, tras una negociación entre PSOE y Sumar que retrasó una hora la reunión. Entraron en vigor el 1 y el 2 de octubre, pero ese mismo día 2 el Pleno del Congreso rechazó su convalidación con los votos de PP, Vox y Junts, por lo que quedaron derogados. PP y Vox alegaron que las medidas intervienen en exceso en el mercado del alquiler y perjudican a los propietarios.

El revés llevó a Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, con la consiguiente disolución de las Cortes. Un día después, este martes 6 de octubre, el Gobierno volvió a aprobar los dos decretos con cambios menores; entre ellos, la cuantificación de los préstamos para la compra de primera vivienda. Sánchez pidió a los grupos que los respalden y defendió que no se trata de una cuestión ideológica, sino de humanidad y sentido común.

Con las Cámaras disueltas, la convalidación ya no corresponde al Pleno, sino a la Diputación Permanente, que dispone de 30 días para votarla. Este órgano tiene 69 miembros y en él PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos suman 35 escaños frente a los 34 de PP, Vox y Junts, de modo que el voto de los de Puigdemont deja de ser decisivo. Esa aritmética permitiría salvar el primer decreto, pero no el segundo, que el PNV ya rechazó en el Pleno. No es una vía inédita: tras la disolución de las Cortes en 2019, la Diputación Permanente convalidó siete reales decretos-ley.

Frente a ello, García Martín ha defendido que el Gobierno madrileño sigue trabajando «para facilitar una vida más próspera a los madrileños y atraer inversiones generadoras de empleo».