Villarejo pide declarar ante el juez para contar quién organizó el ‘chivatazo’ a ETA del bar Faisán

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión desde noviembre de 2017, ha presentado una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en la que solicita declarar ante el juez José de la Mata para contar quién organizó y cómo se encubrió el chivatazo a ETA del bar Faisán.

En su denuncia, Villarejo acusa a dos ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Interior Antonio Camacho y el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, de los presuntos delitos de colaboración con organización terrorista (según el artículo 577 del Código Penal) y omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal).

Villarejo pide declarar ante el juez De la Mata «con la máxima urgencia» y por vídeoconferencia,  ya que su estado de salud no hace aconsejable su traslado desde prisión hasta la Audiencia. Y asegura que las notas, informes y grabaciones que fueron intervenidos durante el registro de su casa contienen numerosas pruebas de los hechos que quiere poner en conocimiento del magistrado.

En concreto, alude a la grabación de casi cuatro horas del almuerzo que compartió en 2007 con el juez inhabilitado Baltasar Garzón y la actual ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado, que «fue filtrada a los medios de comunicación con frases maliciosamente escogidas».

Resolver los «errores» del GAL

El comisario jubilado explica en su escrito que conoció por su «condición de agente encubierto y con funciones de misiones de inteligencia» los detalles del chivatazo que frustró la operación policial que iba a desarrollarse el 4 de mayo de 2006 contra el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA.

Según asegura, a principios de 2006 los responsables del CNI le encargaron «una serie de actuaciones con la máxima discreción» para garantizar el éxito de la negociación que el Gobierno de Zapatero había iniciado con ETA. Villarejo debía estar «alerta sobre los movimientos de ETA contrarios a los acuerdos que se gestaban y conocer el nivel de colaboración judicial, tanto por parte francesa como por el juez de enlace».

Para investigar los movimientos en Francia le fue especialmente útil, añade en su escrito, la labor que había realizado en los años 80, «aun estando en excedencia, con policías franceses miembros de la masonería, fundamentalmente para resolver errores cometidos por los GAL».

Siempre según su relato dirigido al juez, el Gobierno de Zapatero tuvo conocimiento, a través de un inspector de la Brigada de Información de la Policía en San Sebastián, de la operación que el juez Grande-Marlaska (hoy ministro en funciones de Interior) preparaba contra el aparato de extorsión de ETA.

Un micro en el coche de los etarras

El entonces jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, informó al director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y éste puso en alerta a Alfredo Pérez Rubalcaba, que un mes antes había sido nombrado ministro de Interior. También tenía conocimiento de la operación contra ETA el juez inhabilitado Baltasar Garzón, ya que Marlaska «le iba informando» de los preparativos, «al tiempo que le pedía consejo».

El 3 de mayo de 2006, víspera de la operación que Marlaska preparaba contra ETA, Pamies recibió la orden de boicotear las detenciones que estaban previstas, y contó para ello con su «subordinado de la máxima confianza, el inspector [José María] Ballesteros».

Así lo relata Villarejo en su escrito: «Sobre las 11 y cuarto del día 4 de mayo, el inspector Ballesteros entró por la puerta trasera del bar Faisán, propiedad del terrorista Joseba Elosúa, al que entregó el móvil prepago con el que previamente había marcado el número de otro móvil similar, en posesión de su superior, Pamies».

El contenido de la conversación telefónica trascendió porque la Policía había colocado un micrófono en el Ford Focus en el que poco después viajaron Elosúa y su yerno, Carmelo Luquín, para alertar a otro miembro de ETA, Cau Aldanur, de las detenciones que se iban a producir, y que quedaron finalmente frustradas gracias al chivatazo.

El CNI tenía una base junto al Faisán

Villarejo relata que el CNI conoció todos estos hechos inmediatamente porque «tenía una base fija en un piso a escasos metros del bar Faisán, con objeto de filmar a todos los que entraran en el local, así como un equipo de grabación de todas las llamadas que se hicieran a una distancia cercana, con un programa discriminador para rechazar automáticamente las que carecieran de interés».

«Idénticos dispositivos», añade, «estaban usándose en lugares habituales de los etarras, para captar todas las comunicaciones realizadas en las inmediaciones de bares en Behoia como El Xaia, así como en Biarritz, San Juan de Luz y en Carresse, población cercana a Bayona».

Además, «aunque los terroristas eran cuidadosos usando los teléfonos», los servicios de información conocieron sus reacciones porque había colocado micrófonos en algunos de sus vehículos o en los lugares que frecuentaban. En otros casos, los etarras residentes en el sur de Francia utilizaban «tarjetas de teléfonos móviles comprados con identidades falsas o de sociedades, algunas de las cuales ayudé a constituir», señala el comisario jubilado.

Sin embargo, añade, todas estas grabaciones se ocultaron a la Justicia y sólo se exhibieron en Suiza, ante los negociadores de ETA, para demostrar el «alto riesgo» que había asumido el Gobierno de Zapatero con el chivatazo del Faisán, en su empeño de que el llamado «proceso de paz» tuviera éxito.

Un ‘premio’ para Grande-Marlaska

Villarejo asegura que el juez Grande-Marlaska conoció «casi al instante» el chivatazo que había dado el Gobierno para frustrar el golpe contra el aparato de extorsión de ETA. Durante una reunión con mandos policiales, Marlaska recibió una llamada de Baltasar Garzón, quien desde Nueva York le indicó que era una «cuestión de Estado» paralizar las detenciones previstas, ya que habrían torpedeado la negociación con ETA.

En su escrito dirigido al juez De la Mata, el comisario Villarejo afirma que, para tapar el escándalo, «a Marlaska se le ofreció ser juez de enlace en Londres con un sueldo superior a 15.000 euros mensuales, que declinó (…) solicitando la titularidad de un Juzgado Central, ya que entonces era interino, y en breve plazo ser presidente de una Sala de lo Penal y finalizar como presidente de la Audiencia Nacional».

Villarejo asegura que el entonces jefe de la Unidad de Control Técnico de la Policía (situada en la urbanización La Florida de la Carretera de La Coruña, con funciones de coordinación con el CNI) recibió instrucciones de «borrar lo máximo posible el tráfico de llamadas» que se había producido entre España y Francia para tapar el chivatazo, y que conducía a los despachos del entonces secretario de Estado Antonio Camacho y del propio Zapatero.

En cuanto a Pamies y Ballesteros, «se les prometió que nunca serían expulsados [de la Policía] y mantendrían sus derechos como jubilados, amén de una muy significativa bonificación opaca con fondos reservados. Todo ello se cumplió, hasta el extremo de que se accedió a concederles la jubilación a pesar de estar ya condenados. Y pese a que el Tribunal Supremo los condenó en firme en 2014, no se ejecutó nunca la sentencia hasta abril de 2018. No obstante, se consiguió que no cumplieran ni un solo día en prisión».