La Policía encuentra los documentos que Oltra negó para justificar que no conocía los abusos

Mónica Oltra, ex vicepresidenta, ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y ex portavoz del gobierno de la Generalitat valenciana, mintió en su comparecencia ante las Cortes valencianas el 21 de abril de 2021 al afirmar que no existían protocolos en su Consejería para actuar contra abusos sexuales contra menores en las residencias valencianas, como los que cometió su entonces marido, Luis Ramírez Icardi, y por los que fue condenado a cinco años de cárcel. Nada más lejos de la realidad, ya que dos protocolos, de 12 de julio de 2004 y 30 de mayo de 2013, demuestran que la ya ex consejera tenía la obligación de conocer los abusos sexuales del que era entonces su marido. El juez pidió en marzo de 2022 a la Consejería que le remitiera estos protocolos y el informe completo relativo a la menor elaborados por la Consejería, pero no le llegaban y por eso mandó a la Policía a por ellos el pasado lunes.

El protocolo de 2013, Instrucciones relativas a la comunicación de hechos e incidentes relevantes en centros residenciales y servicios de protección y reeducación de menores de la Comunitat Valenciana, que derogó el de 2004, distingue tres clases de hechos relevantes. El primero se refiere a «hechos en que los menores residentes o usuarios del servicio puedan ser tanto sujetos pasivos, víctimas de accidentes graves, delitos o faltas graves, o sujetos activos autores de agresiones o incidentes graves».

Mayte, la menor que tenía 15 años cuando fue abusada, era claramente víctima de un delito. El mismo documento deja constancia de los teléfonos a donde deben dirigirse los responsables de los centros de menores por provincias, incluso incluyendo «móviles de guardia de medidas judiciales». El apartado tercero de este protocolo derogaba el anterior de 2004. Por tanto, era el protocolo vigente en febrero de 2017, cuando la menor denunció los hechos.

El juez de Instrucción número 15 de Valencia trata ahora de investigar las fechas concretas de entrada de varios documentos claves en la Consejería de Igualdad, porque esas fechas de entrada demostrarían que Oltra conocía todas las actuaciones realizadas por su Consejería en relación a los abusos sufridos por la menor, Mayte, antes de lo que ella siempre ha mantenido, agosto de 2017.

Entre esos documentos, además de los famosos protocolos de actuación, está la orden de alejamiento de la menor dictada en julio de 2017 contra Luis Ramírez Icardi, ex marido de Mónica Oltra, que tuvo que ser conocida por la Consejería. El problema es que en la documentación manejada por el Juzgado esa orden lleva un sello de la Policía Local de Valencia y falta el de entrada en la Consejería de Igualdad. Llamó la atención de la Fiscalía en su momento que todos los informes iniciales solo llevaran las iniciales del marido de Mónica Oltra, a quien se identificaba como Luis R., mientras que a la menor se la identifica con el nombre y los dos apellidos.

De hecho, la imputación final de Mónica Oltra es consecuencia de las declaraciones de 13 trabajadores de la Consejería, entre ellos de Carmen Fenollosa, directora Territorial del Menor de Valencia que aportó al Juzgado numerosa documentación que probaría el conocimiento de los hechos por parte de Mónica Oltra. Esos documentos recogerían los informes elaborados cuando la niña denunció en febrero de 2017, así como las diligencias abiertas en Fiscalía seis meses después y la orden de alejamiento del educador de la menor, que tardó 41 días en ejecutarse, así como el informe específico realizado por el Instituto Espill, sobre los que OKDIARIO ya informó en exclusiva. Entre febrero y julio de 2017 nadie denunció nada, hasta que dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron conocimientos de los mismos y actuaron de oficio al poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Valencia los hechos relatados por la menor víctima de abusos.

Ahora, el juez Vicente Ríos ha decidido abrir una pieza aparte, a petición de la asociación Gobierna-Te, que ejerce la acusación popular en el caso, e incluir en ella estas nuevas diligencias, sobre todo la entrada de faxes o burofaxes en la Consejería con documentación sobre este tema en 2017.