El juez García-Castellón investigará en Lezo la rama del caso Pokemon que afecta a González

El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investigará la parte madrileña de la ‘Operación Pokemon’ que afecta al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

García-Castellón ya dispone en el sumario de la ‘Operación Lezo’ de la declaración de un testigo clave que compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, Pilar de Lara. Dicho testigo, según ha podido saber OKDIARIO, aportó a la instructora del caso Pokemon la cuenta de Suiza en la que supuestamente la constructora OHL pagó una comisión de 1,4 millones de euros a González por las obras del tranvía del municipio madrileño de Navalcarnero.

Tras la comparecencia de este testigo, la juez de Lugo decidía abrir una pieza separada para investigar un presunto delito de tráfico de influencias a la empresa Unika Proyectos y Obras SA, constructora investigada en la rama madrileña de la ‘Operación Pokemon’ y relacionada con el ex nº 2 de González, Salvador Victoria.

En su declaración, el testigo aseguró que los directivos de esta contratista de obra pública «querían como locos que les presentase a Ignacio González» a quien define como «uno de sus baluartes y personas más cercanas». Además, añadió que el ex alcalde de Leganés y actual diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, fue el que le entregó el documento con el número de la cuenta de Suiza presuntamente vinculada a González.

La jueza Pilar de Lara sostiene que Unika habría obtenido «contratos con las administraciones públicas de Madrid y Galicia violando las normas de competencia, publicidad y libre concurrencia para lo cual captarían a distintas personas que desde dentro o fuera de la administración actúan como comerciales».

Las fuentes consultadas señalan que la magistrada de Lugo ha remitido ya a la Audiencia Nacional el documento de la cuenta en Suiza atribuida a González, así como la declaración del testigo de Pokemon por si podría aportar datos de interés en la instrucción de la ‘Operación Lezo’. Estas mismas fuentes apuntan que dicho testigo previsiblemente será «llamado a declarar» por el juez García-Castellón.

Una citación que serviría para apuntalar lo dicho en sede judicial por Jesús Gómez. Éste afirmó ante el juez Velasco que tras denunciar ante varios miembros del PP la cuenta suiza de González se convirtió en su enemigo político nº 1 y esto le privó de encabezar la lista del partido para ser reelegido alcalde de la localidad madrileña en las elecciones locales del 2015.

Gómez relató como en 2014 le llegó el número de cuenta y como alertó de ello a varios miembros del PP. Incluso, se la intentó hacer llegar a la hermana de Mariano Rajoy a través de un amigo «desconociendo» si finalmente le llegó al presidente del Gobierno. También habría hablado de la cuenta suiza de González con Cristina Cifuentes cuando era delegada del Gobierno en Madrid, aunque señaló que fue “muy por encima” y “no con el lujo de detalles” como lo hizo “en otras instancias”.

El diputado popular afirmó que no denunció estos hechos ante la Policía porque sólo contaba entonces con “una prueba indiciaria” y de no haberse desvelado el verdadero número de cuenta, cree que su denuncia habría sido archivada y a él le habría inhabilitado e incluso podría “haber acabado en la cárcel”.

El CNI «confirmó» la cuenta de González

Tal y como avanzó OKDIARIO, el exalcalde de Leganés y diputado del PP madrileño, Jesús Gómez, señaló en su declaración como testigo del pasado 3 de mayo ante el juez Eloy Velasco que una de las tres fuentes que le confirmaron que el número de la cuenta suiza pertenecía a González fue un “colaborador del CNI”. Las otras dos fuentes fueron periodísticas y judiciales.

Gómez incluso habría llegado a identificar al “colaborador” del Centro Nacional de Inteligencia que tras consultarle la titularidad del nº de cuenta le confirmó que estaba vinculada al expresidente regional.

Tras estallar la ‘Operación Lezo’, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ordenaba la entrada y registro de OHL, el grupo empresarial de Juan Miguel Villar Mir, con el objetivo de encontrar documentos relacionados con la citada comisión de 1,4 millones.

De hecho, el propio Villar Mir junto a su yerno, Javier López Madrid, están investigados en la pieza nº 3 de Lezo sobre la concesión del tren de Navalcarnero y comparecerán previsiblemente ante el juez Manuel García-Castellón tras el verano.